Más de una década después de que empezara la instrucción en un juzgado de Orihuela, el proceso abierto por presuntos amaños en la adjudicación del macrovertedero de la Vega Baja (un proyecto que afectaba a 27 municipios y que no ha llegado a materializarse) se acaba de remitir a la sección penal de la Audiencia en Elche para señalar la fecha en la que se celebrará la vista oral, lo que no ocurrirá, como mínimo, antes de tres años.
La causa arrancó en 2006 a raíz de unas conversaciones grabadas por el empresario oriolano Ángel Fenoll que dieron origen al denominado caso Brugal del que se acabaron desgajando una veintena de procesos, entre ellos el del PGOU de Alicante. En este tiempo, y con la espada de Damocles para las acusaciones de la validez de los pinchazos telefónicos, se han venido investigando las circunstancias que rodearon la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de la Vega Baja.
Unas pesquisas que se saldaron con trece acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente (ambos del PP) y los empresarios Enrique Ortiz, Rafael Gregory y el propio Fenoll. Para estos tres últimos y para Ripoll el acusador público solicita penas que llegan a los 17 años de prisión además de multas que van de los 300.000 al millón de euros. La inhabilitación solicitada en el caso de Ripoll, apartado ya de la vida pública, se eleva a los 44 años.
«En contra del interés general»
El fiscal sostiene que el expresidente de la Diputación se prevalió de su cargo para beneficiar a Ortiz y a Fenoll en contra del interés general. A cambio habría obtenido prebendas que, según recoge el escrito de acusación, irían desde dinero en metálico a la compra de dos pisos, que no se adquirieron, pasando por viajes: uno a Sevilla y dos a las Baleares, todos ellos en el yate de Ortiz y valorados los de las islas en 100.000 euros.
El escrito relata las supuestas maniobras del empresario de Orihuela, estrechamente vinculado al PP (hasta el punto de pagar la campaña electoral de 2007 de la exregidora Mónica Lorente, asegura el fiscal) para hacerse con la contrata del macrovertedero y su reacción al saber que iba a ser Ortiz y no él el adjudicatario. En este momento, y gracias a la intermediación del Gregory, sitúa el fiscal el inicio de las conversaciones entre los dos candidatos a quedarse con la planta «para llegar a un acuerdo de reparto de beneficios que el plan zonal generaría, acuerdo auspiciado y dirigido por Ripoll», sostiene. Un pacto que quedó en agua de borrajas tras negarse Ortiz a compensar a Fenoll por no haberse hecho con la contrata con la compra del terreno donde se iba a instalar el vertedero a un precio desorbitado (lo había comprado por menos de medio millón y pretendía obtener diez).
«La contraprestación en especie ofrecida por Fenoll, y en representación de éste por Rafael Gregory, destinada al presidente provincial, que éste aceptó, eran dos viviendas en una calle céntrica de Alicante cuyo importe aproximado era de un millón de euros (...) que vendría sufragado por el sobreprecio generado por la adquisición de la finca (...) razón por la que Ripoll se involucró con tanto interés», mantiene Anticorrupción.
Veinte euros en treinta meses
La Fiscalía llama la atención sobre el «elevado nivel de vida del que hacía gala tanto Ripoll como su familia y que podría no corresponderse con los ingresos que legalmente percibía», concreta. Alo largo de los 30 meses que se sometió a estudio el patrimonio del durante ocho años presidente de la Diputación (de enero de 2008 a junio de 2010) la Policía constató que «no existen cargos relacionados con diversos aspectos de la vida cotidiana (...) tales como productos alimenticios, combustible, comidas y bebidas fuera del hogar...». En este periodo únicamente se realizó una extracción de dinero en un cajero y fue de viente euros. El fiscal concluye que en el periodo analizado «la media de dinero de origen desconocido de la familia Ripoll es de 9.000 euros al mes».
Además de los políticos del PP y de los empresarios también se encuentran entre los acusados quien fuera secretario de Presidencia de la Generalitat Vicente Gomis y el exportavoz del grupo socialista en la Diputación Antonio Amorós.
El fiscal fija en un millón de euros el quebranto económico que estas actuaciones provocaron a la Corporación provincial.
La suma de las penas solicitadas supera los 135 años de cárcel, los 290 de inhabilitación y los casi tres millones y medio en multas.
