La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, reprochó ayer al Partido Popular que como consecuencia de su «nefasta y negligente gestión» la Generalitat tendrá que pagar 9,5 millones de euros por una autovía en la comarca de la Vega Baja que no se ha llegado ni a construir. Se trata de un «pufo» que ya adelantó hace unos días la vicepresidenta Mónica Oltra al finalizar el pleno del Consell y que la titular de Infraestructuras ratificó durante una intervención en el pleno de las Cortes Valencianas al ser preguntada por la situación.
El conflicto, originado después de que una sentencia judicial haya anulado la concesión de la construcción y explotación de la Autovía CV-95, puede desembocar en el pago de esa indemnización cercana a los 10 millones de euros para las arcas autonómicas al haber resuelto la anterior consellera del ramo, la actual presidenta del PP, Isabel Bonig, el contrato de manera unilateral. La consellera explicó la cronología de los acontecimientos e hizo hincapié en que el expediente se aprobó en su momento sin declaración de impacto ambiental y el TSJ de la Comunidad anuló el proyecto, así como las posteriores licitaciones y adjudicaciones. El Consell decidió suspender en 2010 «sine die» la adjudicación y en 2012 la consellera Bonig rescindió el contrato «de manera unilateral»,que era la peor de las opciones, según Salvador, porque una solución consensuada hubiera supuesto un gasto de sólo 1,2 millones de euros.
