El Consell aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Fomento de la Responsabilidad Social, en la que se defiende que los criterios en la contratación pública no sean estrictamente económicos e incorpora aspectos sociales, éticos y ambientales. Entre ellos, se establece que el licitador tendrá que presentar una declaración responsable por la cual no podrá realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas.

Así lo explicó el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, quien señaló que esta es una herramienta estratégica y transversal para la planificación de las políticas públicas de responsabilidad social y para su adopción transversal en las administraciones públicas.

Con ella, la Comunidad será, tras Extremadura, la segunda autonomía que dispondrá de una ley en este sentido, que entre sus ejes regula el compromiso de las administraciones públicas valencianas y del sector público instrumental para integrar en sus políticas la responsabilidad social, de modo que la Generalitat deberá remitir una memoria anual a las Cortes.

Este compromiso de las administraciones públicas valencianas afectará a la gestión de sus recursos humanos y a la prestación de sus servicios a los ciudadanos, y se promoverán fórmulas que, como el teletrabajo, permiten la flexibilidad y racionalización de horarios por facilitar la conciliación de la vida personal y laboral, además de fomentar la implicación de su personal en acciones de voluntariado corporativo. Además, uno de los puntos destacados que incluye el anteproyecto es el impulso de la contratación pública responsable.