No sólo la Comunidad y la provincia de Alicante vienen recibiendo, de forma sistemática, menos dinero desde los presupuestos del año 2012 -unos 3.000 millones menos durante ese periodo- sino que además el poco que llega se gestiona tarde y mal. Conforme a los datos que figuran en el documento entregado por el ministro Cristóbal Montoro en el Congreso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no sólo ha metido la tijera en las inversiones para este año -un 50% menos en la provincia y un recorte de un tercio en la Comunidad- sino que además, de acuerdo a los propios datos de la delegación del Gobierno, no ha sido capaz de gestionar ni la mitad de las inversiones que prometió para el ejercicio de 2016. Llega menos dinero, por tanto, que además se acaba gestionando con lentitud y sin cumplir los plazos marcados en sus previsiones.

En medio de la avalancha de ataques que ha sufrido el Ejecutivo de Rajoy en las últimas 48 horas tras desvelarse el contenido de unos presupuestos que vuelven a marginar a la provincia y a la Comunidad, el Gobierno intentó darle la vuelta a la tortilla con unos datos que comparan los bajos porcentajes de inversión del Estado para la Comunidad en 2017 con el nivel de ejecución real del año pasado, lo que le permite «vender» unos datos irreales de incremento del presupuesto, como desveló la conselleria de Hacienda. Dos magnitudes diferentes que no se pueden usar para realizar las cuentas -la comparación se tiene que realizar con indicadores homogéneos- pero que, a la postre y según apuntó el conseller Vicent Soler, sirvió para desvelar la escasa concreción de las inversiones que el gobierno del PP prometió para 2016.

Así las cosas, en el conjunto de la Comunidad, para el ejercicio anterior, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió a invertir 879 millones, de los que se llegaron a ejecutar 386,1 millones. Eso supone una gestión de apenas el 44%. Ahora, las cuentas para 2017 proponen recortar las aportaciones autonómicas hasta 589 millones, un total de 290 millones menos que dejan a la Comunidad a la cola de toda España de la inversión per cápita con 119 euros por habitante. Una cantidad de la que, vistos los datos, habrá que determinar su grado de ejecución final. La misma operación se repite en el caso de la provincia de Alicante. Para el año 2016, el compromiso de inversiones en el documento de presupuestos llegó a los 339 millones de los que se gestionaron apenas 150,5, tan sólo un 44,3% de las promesas del gobierno del PP para el ejercicio anterior. Ahora, esa previsión inicial de 339 millones se queda en 177 millones para 2017, cantidad que la delegación del Gobierno eleva hasta los 199 pero que, en la práctica, supone recortar la mitad de las promesas de inversión en la provincia para este año y relegar a Alicante a la cola de la inversión por habitante con 90 euros menos para cada alicantino que la media del conjunto de España.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, criticó a la delegación del Gobierno en la Comunidad que, «en su afán por maquillar el hachazo inversor del Gobierno central, pretende tomarle el pelo a los valencianos como si se tratara de ciudadanos con menos derechos y menos oportunidades». «Comparar lo presupuestado en inversiones para la Comunidad en el proyecto de 2017 que el Gobierno presentó ayer en las Cortes Generales con la ejecución de la inversión de 2016 es sencillamente una tomadura de pelo», censuró el titular de Hacienda. Para Soler, esta «vergonzosa actitud» evidencia dos cosas: «Una, que quieren esconder la gran caída presupuestaria de las inversiones, y dos, que recortaron muchísimo las inversiones a las que se comprometieron el año pasado». «La última en financiación y la última en inversiones. Quieren parar a esta Comunidad, pero no lo conseguirán porque nuestra economía está creciendo, a pesar del Gobierno central, por encima de la media estatal», destacó el conseller en un comunicado.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya se está moviendo para intentar darle la vuelta a este escenario durante el trámite en el Congreso, atendiendo a la situación del PP, que está en minoría. Y con ese objetivo, el jefe del Consell reunió ayer a la ejecutiva de los socialistas valencianos para avalar esa intención de llegar a acuerdos, vía enmiendas parciales, que permitan tratar de paliar el impacto negativo de unas cuentas que, como alertaron los empresarios, ponen palos en las ruedas de la actividad económica. Las negociaciones para sacar adelante el conjunto de los presupuestos no excluyen la posibilidad de llegar a acuerdos con enmiendas, especialmente, con Cs, cuyo voto es decisivo, señalaron estas fuentes.

El bloque de izquierdas -el PSPV, Compromís y Podemos- está dispuesto la batalla parlamentaria y también a llevar el conflicto a las calles. «Montar un pollo», como reclamaron los de Mónica Oltra con una campaña en las redes sociales o una «movilización», algo que no descartó Ximo Puig. El presidente de la Generalitat, en cualquier caso y a sabiendas de que parece difícil que el PP se sume, ya ha mantenido contactos con dirigentes de Ciudadanos en la Comunidad para que se unan al pacto y presentar un paquete de enmiendas con una agenda de infraestructuras e inversiones que, inicialmente, tiene previsto marcar la propia Generalitat Valenciana.