05 de abril de 2017
05.04.2017
Las previsiones del Gobierno para 2017

Rajoy vuelve a castigar a Alicante y recorta casi a la mitad la inversión en la provincia

Las inversiones se quedan a 90 euros por habitante de la media del Estado

05.04.2017 | 01:02
Rajoy vuelve a castigar a Alicante y recorta casi a la mitad la inversión en la provincia

El Gobierno del PP que preside Mariano Rajoy ha vuelto a castigar a la provincia de Alicante en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, entregados ayer en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Las cuentas reflejan un tijeretazo de nada menos que 163 millones -la mitad del dinero que recibió en 2016- en inversiones para la provincia de Alicante que se suma a un recorte del 33% para el conjunto de la Comunidad Valenciana, que contará con 280 millones de euros menos que el año pasado. El volumen total de inversiones que el ejecutivo central ha previsto para la provincia es de 177 millones por los 339 de 2016. Cada alicantino recibirá 85 euros menos este año. La inversión por habitante en la provincia pasa de 181 euros a 96 euros, muy alejada de la media nacional, que se sitúa en 185 euros por habitante.

Entre las inversiones contempladas destacan alrededor de diez millones de euros para infraestructuras hidraúlicas de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, más de tres millones y medio de euros para la Autoridad Portuaria de Alicante, un millón y medio para la rehabilitación del Parador Nacional de Xàbia, 700.000 euros para la recuperación del sistema litoral y el control de la regresión de la costa o los cuatro millones de euros para equipamiento en la prisión de Fontcalent y en el centro psiquiátrico penitenciario. El documento vuelve a incluir una partida para la nueva sede de la Biblioteca Pública Estatal de Alicante, ubicada en el Paseíto de Ramiro. Y hay muy poco dinero para el Corredor Mediterráneo.

Los datos autonómicos no son, desde luego, mucho mejores. A pesar del discurso frontal de reivindicación del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra, los presupuestos dejan a la Comunidad Valenciana a la cola de la inversión per cápita de toda España al recibir cada valenciano 119 euros en 2017, el dato más bajo de todas las autonomías. En total, la Comunidad Valenciana recibirá 290 millones menos para inversiones respecto a las cuentas del año pasado, según los datos de la distribución territorial de la inversión real contemplada en el documento de Presupuestos. Le corresponden a la Comunidad 589 millones frente a los 879 que percibió en 2016. Se trata de la segunda autonomía donde más baja la inversión estatal pública respecto al ejercicio anterior al reducirse un 33%, mientras que otras comunidades como Cataluña, donde se han previsto 1.149 millones de euros, mejoran su posición. Todo ello después de que Rajoy anunciara la semana pasada inversiones por 4.200 millones en la región vecina -una promesa también incumplida- hasta 2020, lo que provocó la inmediata reacción del Consell y de los representantes políticos en las Cortes para reclamar una inversión justa en la Comunidad de acuerdo a su peso poblacional y su PIB.

Pero eso no parece haberse tenido en cuenta por parte del Gobierno de Madrid. A la Comunidad le corresponderían el 11% de las inversiones por población y economía, pero el documento presentado ayer por Montoro refleja que sólo llegarán un 6.9% de los fondos. Este porcentaje es aún un punto menor del que se destinó el año pasado, cuando la autonomía recibió el 8%. Los datos levantaron ampollas entre las fuerzas políticas de la Comunidad. El presidente de las Cortes, Enric Morera, convocó ayer a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios a una reunión urgente que se celebrará hoy a las 9.30 horas, antes del pleno. En la cita, remitida a los síndics del PSPV, PP, Compromís, Cs y Podemos, se les convoca a tratar «decisiones recientes que afectan negativamente a resoluciones de las Cortes Valencianas y a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2001». La convocatoria alude a las resoluciones aprobadas en las Cortes en octubre de 2016 y febrero de este mismo año que pedían una inversión territorializada en los Presupuestos Generales ajustada al peso poblacional de la Comunidad y a la reforma estatutaria, que ya se trasladó al Congreso, todavía sin tramitar.


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