El Consell y la Diputación de Alicante alcanzaron ayer su primer acuerdo sobre la gestión de la política social y sobre una serie de competencias impropias que desarrolla la institución provincial, por las que reclama a la Generalitat casi 25 millones de euros al año. Han tenido que pasar casi dos años de crispación e incomunicación entre ambas instituciones para que la número dos del gobierno y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el presidente de la Diputación, César Sánchez, se sentaran a hablar no solo de cuestiones sociales, sino de asuntos de calado para la provincia, ya que se trató del primer encuentro institucional entre ambos mandatarios desde que tomaron posesión de sus cargos.
Los dos ejecutivos pondrán en marcha una mesa técnica de trabajo que centralice los problemas que han de resolverse en materia social, como la deuda histórica por la gestión social de la Diputación en áreas que no son de su competencia así como los 25 millones de euros al año que le reclama a la Generalitat para poder seguir gestionando organismos como el Hogar Provincial, el centro de salud mental Doctor Esquerdo, el Instituto de la Familia Pedro Herrero o la teleasistencia al mayor. A su vez, esa mesa tiene que ser capaz de tomar decisiones conjuntas y aportar soluciones, así como generar consenso a la hora de desarrollar el coumento que el equipo de Oltra prepara en materia social. «El decreto será la pieza angular para la planificación y financiación armonizada del sistema de servicios sociales», dijo la vicepresidenta.
Sánchez dio un primer consentimiento a lo que viene a ser un decreto de coordinación -acuñado ahora por Oltra «de armonización»- similar a los elaborados por el Consell en materia turística y deportiva, ambos tumbados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad al basarse en una ley de 1983 ya derogada. Sin embargo, la vicepresidenta ha trazado la ruta del diálogo primero y el decreto después, al que quiere llegar «por consenso con las tres diputaciones», según señaló, lo que a priori cuenta con el visto bueno del presidente de la Diputación. Habrá que ver qué pasa cuando se empiece a negociar el mismo y cuando ambas instituciones bajen a los datos concretos, a las cifras, a los costes y a la normativa con la que la vicepresidenta pretende recordar a la institución provincial que por ley se tendría que encargar -y haberse encargado- de la gestión social de los municipios de menos de 10.000 habitantes.
El decreto también prevé, según Oltra, la posibilidad de firmar convenios «para compartir decisiones políticas». Además de dejarle claro al presidente que el documento tendrá que salir del diálogo, la número dos del Consell trasladó a Sánchez «la necesidad de mantener una relación más fluida y cooperadora». En la comparecencia ante los medios que ofreció junto al presidente de la Diputación, Mónica Oltra se mostró «no como en casa, sino en casa» por el «exquisito recibimiento». César Sánchez, por su parte, transmitió a Oltra su «alegría» por la visita y explicó que la mesa técnica será la encargada de iniciar una nueva fase de diálogo instituvcional.
El presidente valoró como «muy positivo» este órgano «para evitar la confrontación». Y con ello agradeció «la actitud dialogante y de trabajo conjunto de la vicepresidenta, que sé que es una mujer comprometida y que antepone el diálogo a la confrontación». Esas palabras y ese clima tan suave como inédito entre ambos mandatarios contrasta con el discurso de batalla contra el Consell que la Diputación ha abanderado en prácticamente todo su mandato, basado en la ofensa por las «injerencias» de la Generalitat dentro de sus competencias.
El presidente de la Diputación también pidió la colaboración del Consell para el proyecto de la Zona Franca que impulsa la institución provincial, el centro de salud de Benalúa o más inversión en materia educativa. No se habló de ni política ligüística ni de turismo. El único punto en el que ambas instituciones mostraron seguir manteniendo ciertas diferencias fue en el Fondo de Cooperación Municipal que impulsa el gobierno autonómico, algo que no se abordó en la reunión pero que Oltra sacó a la luz en plena rueda de prensa para pedirle a César Sánchez su colaboración con el mismo, a lo que él aprovechó para recordar que hay municipios de la provincia que se están quejando de que la Generalitat Valenciana todavía no ha abonado su parte del fondo y que ellos han incluido ese fondo en su capítulo de inversiones. «Tomo nota pero quid pro quo para que la Diputación se sume al Fondo de Cooperación en 2018», le contestó ella.
