La primera reunión institucional entre la número dos de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, y el presidente de la Diputación de AlicanteDiputación , César Sánchez, se producirá mañana tras dos años de enfrentamientos y en un ambiente de desconfianza mutua por parte de ambas instituciones. Por primera vez, una de las dos cabezas visibles del Consell se sentará con el responsable de la institución provincial, que se reunirá antes con Mónica Oltra que con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La fecha acordada por los dos dirigentes después de dos citas fallidas -canceladas por Sánchez- se enmarca en un momento en el que la tensión que ha caracterizado la relación y la comunicación entre ambas instituciones se ha visto avivada por la negativa del equipo de gobierno de la Diputación a adherirse con 13,7 millones al Fondo de Cooperación Municipal y por la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que ha dado la razón a las diputaciones de Alicante y Castellón, ambas en manos del PP, en su intento de tumbar los decretos de coordinación de la Generalitat que restaban autonomía a las instituciones provinciales en materia turística y deportiva.

Ese fallo judicial sentará mañana frente a Oltra, jugando en campo contrario, a un César Sánchez crecido y cargado de razones para exigir, en primer lugar, financiación con la que sufragar los servicios que la Diputación de Alicante presta en materia social, competencia que en realidad corresponde a la Generalitat, y con los que se atienden organismos como el Hogar Provincial de Alicante, el centro de Salud Mental Doctor Esquerdo, el Instituto de la Familia Pedro Herrero y los servicios de teleasistencia a mayores.

Por su parte, la vicepresidenta, responsable a su vez de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, viene a escuchar y a abrirse a cuantas propuestas le haga el máximo responsable de la Diputación. En segundo lugar, Oltra tiene claro que aprovechará para explicar al presidente las acciones que se han puesto en marcha en materia social a través de la municipalización de las valoraciones a dependientes para desatascar los expedientes a través de valoradores municipales. Fuentes del entorno de Oltra no quisieron desvelar los detalles en los que entrará la vicepresidenta «para no entrar en el juego de trasladar propuestas a través de los medios de comunicación, como hace el presidente de la Diputación», aunque sí tienen la «esperanza» de conseguir que esta convocatoria logre que a partir de ahora exista un tono de amabilidad y mayor cercanía entre ambos gobiernos «como ya ocurre con los responsables de las diputaciones de Valencia y Castellón».

Y es que han sido casi dos años de incomunicación y de batalla campal entre ambas instituciones, algo suavizadas antes de verano pero que volvieron a enconarse con los decretos de coordinación del Consell y con el rechazo de la Diputación a entrar en el Fondo de Cooperación de la Generalitat. En todo este tiempo ni Puig, ni Oltra, ni Sánchez se han sentado formalmente para hablar de nada. Mientras que desde la Generalitat se ha criticado la actitud de Sánchez de estar en lucha permanente con el Consell y de avivar la batalla política para intentar hacer de contrapeso al gobierno autonómico a través de la fórmula del autoproclamado «gobierno provincial», el presidente César Sánchez ha tildado de falta de respeto la postura de los máximos responsables del Consell y les responsabiliza de no haberse reunido con él hasta el momento. A cuenta de las competencias impropias de la Diputación, pertenecientes a la conselleria que encabeza Mónica Oltra, la opción de la reunión de César Sánchez con la vicepresidenta ha llegado antes de la cita con Puig, con quien el dirigente provincial sólo se ha visto en grupo.

El tiempo transcurrido hasta el momento sin reunión oficial entre las cabezas del Consell y la Diputación, el enfrentamiento actual entre ambas instituciones, la surrealista problemática para cuadrar fechas para la cita, el decreto en materia social que prepara la vicepresidenta y la reclamación que le hace la Diputación de 70 millones de euros en concepto de deuda histórica social más la financiación anual para seguir manteniendo organismos como el Hogar Provincial o el Doctor Esquerdo, hacen de este encuentro un momento clave en la legislatura autonómica y provincial y rodean la cita de un morbo sin precedentes en la relación entre ambas instituciones.