La Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Alicante continúan librando su peculiar guerra. Desde que mediado 2015 el PP perdiera buena parte de su poder institucional en la Comunidad y la izquierda recuperara el timón del Consell dos décadas después, los enfrentamientos entre las administraciones autonómica y provincial han sido una constante. Los encontronazos entre el Ejecutivo valenciano -comandado por el PSPV y Compromís- y la corporación provincial -convertida en el gran bastión del PP en la Comunidad- han sido múltiples y variados.
Muchos de los conflictos han tenido una proyección pública y se han caracterizado por las críticas cruzadas entre cargos de ambas administraciones. Uno de los últimos ejemplos, y de los más sonados de toda la legislatura, ha sido el de los decretos de coordinación en materia de turismo y deporte que aprobó la Generalitat. Desde las diputaciones de Alicante y Castellón -esta última presidida también por el PP- entendieron que suponían un ataque frontal contra sus competencias y recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que terminó dándoles la razón.
Al margen de las confrontaciones que han visto la luz, ambas administraciones están librando una batalla silenciosa con los alcaldes como actores principales. Y es que tanto la Generalitat como la Diputación están rivalizando por el «cariño» de los primeros ediles alicantinos a base de reunión y reunión. Según los datos recopilados por este diario, el presidente de la institución provincial, César Sánchez, se ha reunido ya con 111 alcaldes de la provincia y con los tres máximos representantes de otras tantas entidades menores desde que asumió su cargo. Ha atendido todas las solicitudes que han llegado al Palacio Provincial, indistintamente del color político de los munícipes. Así, 46 de los encuentros han sido con alcaldes del PP (su partido), 36 del PSOE, 11 de Compromís, 3 de Esquerra Unida (EU) y 15 de otras formaciones.
Y a todo ello se unen, además, las visitas institucionales que ha realizado el también primer edil de Calp desde que alcanzó la presidencia de la Diputación. El objetivo ha sido claro. Ha querido acercar la institución a los municipios para reivindicar de esta forma la importancia que juegan las corporaciones provinciales en una época en la que se está poniendo en duda su utilidad.
Esa intensa agenda con los alcaldes no es exclusiva de la institución provincial. Desde la Generalitat Valenciana también se han intensificado los encuentros con los primeros ediles... e incluso se ha recuperado la figura del delegado territorial. En 2013, con Alberto Fabra (PP) al mando del Palau, el Consell decidió prescindir de los delegados de la Generalitat en las tres provincias valencianas con el fin de ahorrar. El pasado año, sin embargo, el Ejecutivo de Ximo Puig las recuperó y nombró a Esteban Vallejo en Alicante. Objetivo: acercar la Generalitat a los alcaldes. Justo, lo mismo que la Diputación.
Solo entre diciembre y marzo, desde la Dirección Territorial de Presidencia en Alicante se han organizado nueve reuniones comarcales con alcaldes para abordar asuntos como el fondo de cooperación municipal, los Presupuestos de la Generalitat para 2017 o las ayudas por los temporales que ha vivido la provincia en los últimos meses. Según fuentes del Ejecutivo, a cada uno de esos encuentros han acudido entre 25 y 30 primeros ediles o representantes municipales. En muchas de ellas ha participado el director general de Administración Local, Antoni Such (uno de los cerebros de los decretos de coordinación), aunque la mayor parte de esos cónclaves han contado con la presencia del propio Esteban Vallejo. Desde que tomó posesión en mayo se ha reunido con 51 alcaldes: 41 de ellas en los municipios alicantinos y las 10 restantes en la delegación del Consell.
El último conflicto
Pese a los intentos de la Diputación y el Consell de intentar «ganarse» a los alcaldes, no siempre lo han conseguido. Solo hay que echar un vistazo a lo que ocurrió este pasado miércoles a las puertas del Palacio Provincial. Primeros ediles y concejales de izquierdas de un centenar de municipios alicantinos se plantaron en la avenida de la Estación y reclamaron a César Sánchez que reconsidere su postura para que la corporación sí participe en el fondo de cooperación diseñado por el Consell. En caso de hacerlo, las localidades recibirían un dinero extra que podrían destinar a lo que estimen oportuno.
