«Las autoridades y los cargos directivos de la Generalitat en las intervenciones públicas que hagan por razón del cargo han de utilizar el valenciano». Así reza el artículo 27 del proyecto de decreto de usos de las lenguas oficiales de la Conselleria de Educación y Cultura. En opinión del Consell Jurídic Consultiu (CJC), se trata de «una imposición» a personas físicas, algo rechazado por el Tribunal Supremo desde 1999. Por ello, indica en su dictamen sobre esta norma que debe suprimirse para ajustarse a la legalidad, «implique o no la redacción del precepto la exclusión del uso del castellano» (el departamento de Vicent Marzà consideraba que no).
¿Qué hará ahora la dirección general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación? Asegura que cambiará la redacción «en coherencia con el resto del decreto», en función de las «observaciones esenciales» del Jurídic.
En otros departamentos del Consell se da por hecho que el párrafo será eliminado o se introducirá una coletilla para explicitar que los cargos públicos podrán expresarse en público en castellano, aunque la lengua recomendada sea el valenciano. En esa línea apuntaba la alegación que presentó Oltra: que las comparecencias «tendrán que hacerse de forma normal y general en valeciano, sin que sea necesario expresarse preferentemente» en esta lengua. Política Lingüística optó por mantener su criterio inicial, al considerar que no era excluyente, pese a no hacer referencia al uso del castellano.
Normas para el funcionariado
«Aquests joves no serveixen per a fer l'examen de cinqué curs». Así escribiría un funcionario de la Generalitat disciplinado. Y así redactaría la misma frase un usuario fiel a las recomendaciones de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): «Estos jóvens no servixen per a fer l'examen de quint curs». No es lo mismo. O sí.
Que quede claro: ambas oraciones respetan la normativa oficial, promulgada por la AVL. Pero de lo que aquí hablamos es del modelo de lengua a emplear en los escritos de la Administración y, ahí, la Conselleria de Educación y Cultura ha optado por no seguir siempre las consideraciones de la autoridad normativa. Así queda patente en los Criteris lingüístics de l'Administració de la Generalitat aprobados vía resolución por el departamento de Vicent Marzà en noviembre y ahora ya editados.
