El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, mostró su satisfacción por la decisión de Anticorrupción a la hora de considerar «necesaria» la apertura de «diligencias penales y el inicio de una investigación al Patronato de Turismo de la Costa Blanca». La Fiscalía admite así la denuncia de la coalición sobre 70 facturas del Patronato -por valor de 3,2 millones- por una supuesta trama para fraccionar contratos para la adjudicación de los stands del organismo en ferias de turismo. Compromís llevó a fiscalía las facturas, a finales de febrero, tras acceder a ellas en la comisión que analizó los 12 últimos años de gobiernos del PP en la Diputación. «Se investiga la totalidad de las facturas que se han puesto a disposición del fiscal y una de las grandes incógnitas es si una parte habrá prescrito o no», insistió Fullana en una comparecencia, en la que mostró sus dudas sobre si «todo lo ocurrido antes de 2007 podrá estar dentro del caso o habrá prescrito» pero en la que, en todo caso, elevó su denuncia hasta 6 millones de euros con los contratos detectados en los consistorios de Torrevieja y Benidorm donde, respectivamente, el alcalde José Manuel Dolón y el edil de Compromís, Josep Bigorra, presentes en la comparecencia, apuntaron que se preparan también para llevar el asunto a los tribunales.

Para sortear una posible prescripción, Gerard Fullana apostó por encaminar la investigación hacia una «continuidad delictiva» y advirtió sobre la responsabilidad política del actual equipo del PP en la Diputación -controlado por César Sánchez con Eduardo Dolón de vicepresidente y diputado de Turismo- por «haber bloqueado desde 2016 la información que solicitó Compromís». Fullana detalló que en febrero de 2016 intentó que arrancara esa comisión de investigación «pero el PP y el exdiputado de Ciudadanos lo tumbaron». Ahora, el diputado de Compromís apeló a la «ineludible» responsabilidad política y, en este sentido, anunció que la coalición se personará en la causa para «devolver» el dinero de lo que definió como la «trama PP Costa Blanca».

Para el portavoz de Compromís, el presidente de la Diputación, César Sánchez, «no puede seguir cubriendo» a Eduardo Dolón -vicepresidente de la Diputación y exalcalde de Torrevieja- porque, según explicó, tenía las facturas denunciadas, «quiso cerrar la Comisión de Investigación por la vía rápida e hizo un informe en contra la actividad de Compromís». «Pero además, y es más grave todavía, es que él mismo -Eduardo Dolón-, validó en Junta de Gobierno -en Torrevieja-, facturas a estas empresas con reparos de Intervención. Eduardo Dolón oculta que había trabajado con estas empresas». Así, se ha quejado que sea «el máximo responsable turístico de esta provincia es cuestionable».

A los 3,2 millones de euros denunciados por Compromís, y a los 1,2 millones destapados por el Ayuntamiento de Torrevieja, también se sumó ayer que el Ayuntamiento de Benidorm habría contratado con esas empresas entre 2005 y 2010 por hasta 1,6 millones de euros. La coalición elevó hasta «los 6 millones de euros en facturas en Benidorm, la Diputación y en Torrevieja. Y el denominador común son el turismo y el PP», señaló Fullana. Para Josep Bigorra, edil de Compromís en Benidorm, hablamos de «una trama que ha ido facturando a la misma empresas de stands en diferentes ferias, aunque no sabemos todavía cuál ha sido el proceso de contratación porque el equipo de Gobierno local del PP está dilatando esa información», desgranó. Ha dado un plazo de una semana antes de acudir a los tribunales para exigir el acceso a la información. «Hay un interés en Benidorm porque Sebastián Fernández, que era el diputado de Turismo en esos años y que firmó muchas de las facturas de llevó Compromís a fiscalía, es el actual asesor del alcalde, Toni Pérez, para turismo», comentó el concejal.