Solo uno de cada tres empleados del sector público empresarial de la Generalitat se ha sometido a alguna prueba selectiva para acceder a su actual puesto de trabajo. Es la conclusión a la que ha llegado la Secretaría Autonómica del Sector Público Instrumental, dependiente de la Conselleria de Hacienda, después de analizar toda la documentación que, con una sentencia judicial de por medio, le ha proporcionado el grueso de las firmas y fundaciones.
Por primera vez, el Consell tiene en su poder una relación detallada de todas las plantillas, un total de 5.566 personas, que , tal como siempre se ha sospechado, en su mayoría fue contratado «a dedo». Lo que en su día la izquierda calificó como los «enchufados» de la administración popular conforman las dos terceras partes de esta pata de la Administración.
Los datos ofrecen una radiografía muy clara de cómo la falta de controles y de ofertas de empleo público han pervertido en el sector público los principios de mérito, igualdad y publicidad que deben regir el acceso al empleo público. Así, de los 5.566 trabajadores a sueldo de la treintena de entidades que han proporcionado datos a Hacienda, sólo unos 1.899 pasaron algún tipo de prueba selectiva.
Sólo hay 47 funcionarios, mientras que 1.852 son personal laboral fijo tras algún proceso selectivo, no necesariamente una oposición. El resto, hasta llegar a los más de 5.000, comprende un amplio abanico de situaciones que va desde los 1.496 laborales fijos sin ninguna prueba selectiva; los 1.089 por obra y servicio; los 551 interinos (laborales temporales); los 471 indefinidos y las 60 plazas vacantes.
Más allá de los datos globales, el desnudo de cada una de las plantillas evidencia situaciones desiguales. Así, en Ferrocarrils de la Generalitat, por ejemplo, la sociedad mercantil con más plantilla (1.513 personas), el grueso de su personal (1.409) es laboral fijo con procesos selectivos. En el extremo opuesto está Vaersa. Sus 1.253 empleados han sido seleccionados «a dedo»: 748 son laborales fijos y el resto contratos de obra y servicio.
En el Instituto Valenciano de Acción Sanitaria (IVAS) sólo 126 de sus trabajadores pasaron pruebas. En el apartado de fundaciones, es donde la contratación digital más ha campado a sus anchas. Así, los 260 empleados del Palau de les Arts Reina Sofia entraron «a dedo». En la polémica fundación para el fomento de la investigación sanitaria (Fisabio), sólo hay un funcionario, mientras que las restantes 90 personas son «indefinidas».
