La Conselleria de Eduación ha lanzado otro decreto en materia lingüística, esta vez para crear la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), un órgano autonómico de consulta y mediación ante las quejas de particulares y empresas que vean vulnerado su derecho a usar el valenciano. La Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, dependiente de la conselleria que dirige Vicent Marzà, pretende garantizar así que la ciudadanía pueda usar cualquiera de las dos lenguas oficiales -castellano y valenciano- sin sufrir discriminación por ello. La iniciativa, como explica el propio decreto en su preámbulo, viene dada por el «desequilibrio lingüístico» que padece el valenciano y «al no poder obviar las muestras de hostilidad y discriminación grave sobre las personas» que se expresan en esta lengua. Fuentes de Educación explicaron ayer que la oficina tendrá las mimas funciones que las que ya existen en el País Vasco y Cataluña.
En plena polémica por los usos del valenciano entre los cargos públicos del Consell y los funcionarios, así como por el decreto que supedita una mayor formación del inglés en los centros públicos educativos a un mayor aprendizaje del valenciano, el departamento de Marzá lanza ahora un decreto para centralizar las quejas por el uso del valenciano que provengan de particulares, asociaciones o empresas. Siguiendo un modelo similar al Síndic de Greuges, la ODL elaborará una memoria anual sobre sus actuaciones y la naturaleza de las quejas, las sugerencias y las consultas recogidas o las que resuelve. De todo ello dará cuenta al Consell, a las Cortes Valencianas y al conjunto de administraciones públicas con sede en la Comunidad. La memoria será pública y estará disponible para la ciudadanía en soporte digital.
El proyecto de decreto, actualmente en exposición pública, prevé en su artículo número 12 regular las quejas y sugerencias referidas a personas físicas o jurídico privadas. Cuando las quejas afecten a particulares, asociaciones o empresas, la ODL las tramitará y podrá hacer sugerencias a estas personas para que «tomen conocimiento, adopten medidas oportunas para arreglar los hechos y formulen la respuesta oportuna. En esa remisión de las quejas o sugerencias a las personas físicas o jurídico privadas, se adjuntará «un informe o recomendación sobre los hechos objeto de denuncia si lo considera conveniente», según especifica el decreto de creación de esta oficina. Añade que promoverá la cooperación entre las personas objeto de queja por vulneración lingüística para que tramiten respuesta con la máxima celeridad y tomen acciones tendentes a arreglar los hechos denunciados y a evitar que se reproduzcan. En este sentido, la oficina ofrecerá asesoramiento técnico a las personas físicas o jurídico privadas afectadas, que tendrán que dar cuenta de todas las actuaciones correctivas que inicien.
El conseller Marzá ya trasladó en enero al delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, la futura creación de una oficina de estas características después de que el teniente de alcalde de Gata de Gorgos, Jaume Monfort, denunciara públicamente discriminación por expresarse en su lengua materna ante dos guardias civiles que se negaron a atenderle por hablarles en valenciano.
