El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dio ayer un varapalo al Consell en su intento de mermar la autonomía de las diputaciones al declarar nulos los decretos de la Generalitat Valenciana para coordinar las funciones propias de las diputaciones provinciales en materia de turismo y deportefunciones diputaciones materia de turismo y deporte. El tribunal también obliga al Consell a pagar las costas.

El encargado de dar a conocer la resolución judicial fue el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, institución que recurrió los decretos esgrimiendo los mismos argumentos que la de Alicante. El presidente de la Diputación convocó in extremis una rueda de prensa para dar a conocer las sentencias, fechadas el 24 de febrero, que declaran nulos ambos decretos «por la falta de conformidad a derecho». En la Diputación de Alicante se enteraron de la sentencia por la tarde vía Castellón y a partir de ahí los principales cargos del equipo de gobierno de la institución y del PP de Alicante comenzaron a celebrar -también en Twitter- lo que entienden como una victoria frente a la injerencia del Consell. La resolución judicial llega en plena elaboración de otros dos decretos que estaban ya anunciados: el relativo a la política social y otro de infraestructuras.

Aunque estos fallos -que no son firmes- se refieren a los recursos concretos que presentó la Diputación de Castellón, tendrán un argumento similar en el caso de la institución provincial de Alicante, que presentó los recursos pocos días después esgrimiendo idénticas razones. Esa batalla judicial representó el enconamiento de una guerra política entre Diputación y Consell cuya tensión, pese a que se había suavizado en los últimos meses, aún perduraba. Los recursos de ambas diputaciones, en manos del PP, alegaban que la Generalitat no contó con ellas ni les informó sobre los decretos, por lo que se vulneraba la jerarquía normativa y que éstos, además, no cumplían el principio de autonomía financiera de las diputaciones. El TSJ ha entendido que se «vulnera el principio de reserva legal».

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, aplaudió la resolución judicial y celebró que la Justicia «avale la autonomía de las diputaciones frente al ataque y la injerencia desmedida del Consell». Sánchez sostuvo que el TSJ confirma con sus sentencias que estos decretos eran «un ataque frontal a la autonomía de las diputaciones y una invasión a sus competencias y al trabajo que desarrollan, algo que venimos denunciando desde el inicio de esta legislatura». «Se pone claramente de manifiesto que el señor Puig y sus socios radicales de gobierno se equivocan cuando quieren gobernar a base de imposiciones y decretazos bajo el disfraz de la coordinación», indicó al hilo de las últimas manifestaciones de Compromís para acabar con las diputaciones, que incluso llevó al Senado una moción para iniciar su desaparición progresiva que no salió adelante al contar con los votos en contra del PP y el PSOE.

Según el presidente de la Diputación de Alicante el Consell debería «rectificar de inmediato su manera de gobernar y volver a la vía del diálogo». «Los pactos, acuerdos y alianzas deben estar en auge ahora más que nunca, porque es posible iniciar una etapa de entendimiento», sostuvo.

En Twitter, numerosos cargos del PP escribieron mensajes aplaudiendo la decisión del TSJ mientras que desde el Consell no se pronunciaron al respecto en esta red social. Además de César Sánchez haciendo referencia al varapalo a la «injerencia» del Consell, el presidente provincial del partido, José Císcar, también dio su opinión. «El Consell paga su prepotencia», decía. El número tres del partido en Alicante, Rafa Candela, hablaba de «varapalo» a los «decretazos para cargarse a la Diputación».