La diputada provincial de EU, Raquel Pérez, ha llevado a la Fiscalía de Alicante las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato relativo al "Servicio de planificación y compra de medios para las campañas de comunicación" de la Diputación Provincial.

La querella recoge que el contrato asciende a un total de 1,4 millones de euros y que se adjudicó con una base de licitación de 870.000 euros para un plazo de 12 meses. En ella, EU cuestiona diferentes partes del proceso, como el informe y justificación necesario para iniciar el procedimiento de contratación, el cual se elaboró en febrero de 2016, y que fue firmado por dos asesores del presidente César Sánchez, pero no ratificado por él, pese a que su área es la que sostuvo la necesidad.

Esto, según EU, incumple supuestamente varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al aducir que en ningún caso se contempla "la capacidad de delegar competencias al personal eventual político". El contrato se adjudicó en junio de 2016 a Zenith BR Media al presentar una propuesta a la baja que suponía realizar más inserciones publicitarias que el resto de las seis candidatas.

La querella, en base a la documentación citada y aportada en la misma, explica oferta de Zenith es "baja temeraria", pues redujo en un 89,2 por ciento el precio base de licitación (870.000 euros) con una oferta de 93.786 euros. Preguntada la diputada, este dinero fue el descuento total que la firma conseguía como mediadora publicitaria, lo que suponía realizar muchas más inserciones con el mismo dinero, es decir, con los 870.000 que podían gastarse de máximo.

En la querella también se relata que varios administradores de la citada empresa fueron investigados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, dentro del marco del caso Rato que abordaba la salida a bolsa de Bankia, para la cual elaboraron la publicidad. En rueda de prensa, ha indicado que los dos asesores contrataron a esta misma empresa para una campaña de publicidad de la Generalitat en 2013, bajo el mandato del entonces president Alberto Fabra (PP) durante sus responsabilidades en la Generalitat en tiempos del PP.

Uno de los asesores implicados en la denuncia de EU ha indicado a este diario que la querella "no tiene mucho sentido" y que precisamente fue la primera vez que la gestión publicitaria en medios salió a concurso en la Diputación de Alicante y con un criterio puramente objetivo: el descuento de la adjudicataria.

La Diputación ha emitido un comunicado incidiendo en que en esta adjudicación no se produjo baja temeraria ni ninguna de las partes afectadas en el proceso lo manifestó en ningún momento. "El buen hacer de la tramitación y resolución de este expediente queda de manifiesto, igualmente, en el hecho de que en su día no se presentara recurso alguno contra el acuerdo de adjudicación del contrato", explica la nota.

Asimismo, la Diputación aclara que ninguna de las personas que aparecen en la denuncia tomó parte en el proceso de contratación más allá del impulso del expediente y la autorización del pliego de prescripciones técnicas, no participando, en ningún momento, en la adjudicación del contrato. "La denuncia de la diputada de Esquerra Unidad responde exclusivamente a intereses políticos y lamentamos que con esta actitud se ponga en entredicho la labor de los funcionarios y trabajadores de esta administración", ha señalado el comunicado de la institución.