El reparto de fondos a los ayuntamientos de la provincia de Alicante volvió ayer a enfrentar a la Generalitat Valenciana y a la Diputación provincial, ambas con posturas antagónicas respecto al Fondo de Cooperación del Consell, al que la institución alicantina se ha negado a sumarse este año.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sostuvo ayer en su visita a Alicante para presentar el acto de constitución del comité institucional de la Volvo Ocean Race -donde coincidió con el presidente de la Diputación, César Sánchez- que lo que ha hecho la Diputación de Alicante tiene «difícil explicación», ya que el resto de diputaciones sí han buscado la fórmula para sumarse al fondo, que suponía que tanto la administración autonómica como la provincial debían inyectar 13,7 millones de euros en una partida a repartir entre los 141 municipios alicantinos.

A preguntas de los medios destacó que los ayuntamientos de Valencia y Castellón tendrán «mayor financiación y mayor capacidad de decisión», ya que la inyección económica que prevé el Consell conjuntamente con las diputaciones no está sujeta a limitaciones en el gasto. Por ello, dijo que espera que «más pronto que tarde» la Diputación de Alicante se incorpore, «ya que los perjudicados son los ayuntamientos que solo van a recibir el 50 por ciento que pone la Generalitat y serán discriminados con respecto a los otros». Puig, que sabe que ese mensaje tan fácil de argumentar y tan difícil de rebatir tiene calado entre los pueblos, insistió en que se trata de participar en «la capacidad de financiación y de decisión». «Hay que optar por un modelo de clientelismo o arbitrariedad o por la capacidad de decisión de los municipios. Esa es la cuestión», remarcó el jefe del Consell. Explicó que el Fondo de Cooperación es «finalista» e «incondicional», ya que son los ayuntamientos quienes «deciden en qué quieren gastarse el dinero y cuáles son sus prioridades».

El discurso de Puig, efectivamente, tiene difíciles argumentos en contra. No en vano, la Diputación, que empezó con duras críticas a la iniciativa del Consell -que ha rescatado este fondo de una propuesta de los populares que nunca se llevó a la práctica- ha cambiado sus argumentos en contra, defendidos en primer lugar por el presidente del PP de la provincia de Alicante, José Císcar, por imposibilidades. Ha virado de la negativa política a la explicación material.

El presidente de la Diputación volvió ayer a sostener el peso de su argumento en el «no se puede» más que en el «no se quiere» y explicó una vez más a preguntas de los periodistas que este año ha sido imposible sumarse a ese fondo por una cuestión presupuestaria y por el peso de los 25 millones anuales que le supone a la Diputación asumir competencias en materia sanitaria y de Bienestar Social. Sánchez cree, además, que el fondo debería ser asumido íntegramente por la Generalitat Valenciana, aunque insistió en que su postura no es la del enfrentamiento. «Tener posturas distintas no implica enfrentamiento y eso debe quedar muy claro», sentenció.

Por su parte, fuentes del PP indicaron ayer a este diario que el fondo ha sido una «imposición» más del Consell para la Diputación, que se enteraron de éste por la prensa y que 13,7 millones es mucho dinero «para decirte de un día para otro que pongas ese dinero de tu presupuesto».