Acuerdo en la Conferencia de Presidentes Autonómicos para cambiar de inmediato el sistema de financiación autonómica, tal y como pedía el jefe del Consell, Ximo Puig. Será a lo largo de este año y con la aplicación del nuevo reparto a efectos a enero de 2017 con lo que, de alguna manera, la Generalitat consigue garantías de que, al menos, tendrá un balón de oxígeno para terminar el ejercicio con una cierta solvencia financiera. «Estoy medianamente satisfecho», admitió el presidente Puig que ahora prepara el siguiente movimiento de una partida de ajedrez que empieza ahora: la concreción de ese nuevo sistema en el que la Generalitat quiere que se reconozca una compensación a consecuencia del expolio de la financiación por unos 16.000 millones, como recoge la Sindicatura de Comptes en su informe. Durante su comparecencia tras la cumbre de presidentes autonómicos, Mariano Rajoy admitió que el sistema de financiación se cambiará este mismo año -el actual, caducado desde 2014, es ya insostenible- pero no ofreció ni siquiera un compromiso económico sobre el dinero que el Gobierno está dispuesto a inyectar en ese modelo.
Así que, con un calendario de trabajo ya marcado y que arranca en el plazo de un mes con la reunión de la comisión de expertos que debe diseñar el sistema, ahora queda lo más importante: las condiciones de la nueva financiación. Y aunque el presidente de la Generalitat rechaza una guerra entre autonomías, lo cierto, sin embargo, es que los movimientos empiezan a dibujar un frente de las regiones más al norte y de población dispersa encabezados por Galicia y otro de autonomías muy perjudicadas por el actual modelo. Ximo Puig, de hecho, va a intentar tejer alianzas estratégicas con un conjunto de gobiernos que, durante la cumbre autonómica celebrada ayer en el Senado, ya mostraron una posición parecida a la de la Comunidad como Andalucía, Baleares, Murcia y, en parte, Madrid, aunque las relaciones con Cristina Cifuentes se han deteriorado por la polémica sobre el sistema de impuestos madrileño, calificado como paraíso fiscal por el jefe del Consell.
A ese frente, Ximo Puig tiene la intención de tratar de sumar a Cataluña. «Son nuestros principales socios comerciales. Lo que ocurra allí nos interesa», explicitó el presidente de la Generalitat para evidenciar que va a mantener abierta la línea de comunicación con Carles Puigdemont, a pesar de que no asistió a la Conferencia de Presidentes y de que se respira un cierto pesimismo sobre la solución del grave problema territorial que tiene su epicentro en Cataluña. «No queremos ni un euro más de lo que nos corresponde pero no podemos aguantar sin lo que nos corresponde», apuntó Ximo Puig antes de rematar que «sin el nuevo modelo, el autogobierno no es viable». El presidente de la Generalitat ha detectado un cambio de actitud tanto en Mariano Rajoy como, sobre todo, en el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se ha plasmado en la propia conferencia: en el borrador que llegó a la mesa de los presidentes autonómicos no se plasmaba ni un calendario ni fechas para el cambio del modelo de financiación. «Rajoy ha cambiado mucho y a Montoro lo veo más dialogante. Supongo que tienen que hacer de la necesidad, virtud. A nosotros desde luego ya nos va bien», admitió el titular del Consell.
Para la negociación de ese nuevo sistema de financiación, la Generalitat mantiene una serie de reivindicaciones que Ximo Puig desgranó durante su intervención a puerta cerrada ante el resto de presidentes autonómicos y delante de Rajoy, Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría, que ejercían como representantes del Gobierno. Hay dos cuestiones clave y de las que el jefe del Consell piensa hacer bandera: efectos retroactivos a enero de 2014, cuando caducó el actual modelo, en lugar de a este año, como propone el gobierno; y sobre todo compensar a la Comunidad por la falta de financiación. Con personalidad propia y desde una posición de refuerzo del estado autonómico y de acabar con la soberbia del centralismo, como explicaron desde Presidencia, Ximo Puig reclama una aportación extraordinaria equiparable a la cantidad en la que el Consell se ha tenido que endeudar -fundamentalmente a través de los préstamos bancarios del Fondo de Liquidez- por un sistema de financiación injusto. Aunque el presidente no habló de cifras concretas durante su intervención a puerta cerrada, la Generalitat reivindica una compensación por la infrafinanciación que, de acuerdo a los datos de la Sindicatura de Comptes, alcanzaría los 16.000 millones y supondría eliminar de un plumazo el 40% de la deuda que arrastra el Consell.
No se trata, expuso Puig durante su discurso según fuentes de Presidencia y posteriormente en rueda de prensa, de exigir el dinero del descontrol y la corrupción en la gestión del PP. Lo que pide la Comunidad es una inyección -vía compensación o condonación- para compensar el esfuerzo que ha tenido que realizar por la falta de financiación. A pesar de que la Sindicatura de Comptes ya cuantificó el volumen de esa reivindicación en su último informe, el Consell deja en manos de la comisión de expertos que debe abordar la propuesta de la financiación la elaboración de un informe en el que se evalúe el volumen de esa «deuda historica». «Esto es un elemento central y básico para nosotros con el objetivo de conseguir la igualdad entre ciudadanos», subrayó el jefe del Consell.
La Generalitat también reclama, como confirmó Puig, una mayor porción de aportaciones económicas para poder atender la Dependencia, algo a lo que también se llegó a un compromiso aunque sin dotación económica en la conferencia. Y, a su vez, un gran acuerdo en materia de infraestructuras no sólo para impulsar obras como el Corredor del Mediterráneo que llevan un ritmo lento de ejecución sino también para que se puedan recabar informes independientes que evalúen de forma objetiva los proyectos del Gobierno de Madrid. Puig consideró que su intervención evidenció una vez más el «problema valenciano» pero se comprometió a poner sobre la mesa soluciones para todos.
