La presentación oficial del Fondo de Cooperación Municipal que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, oficializó ayer acompañado de los presidentes de las diputaciones de Valencia y Castellón dejó en evidencia la autarquía política a la que la Diputación de Alicante ha preferido someterse en la Comunidad Valenciana. El Consell llevó a cabo en el Palau de la Generalitat el acto institucional con el que se anunció una inyección económica de 130 millones de euros para los ayuntamientos y en el que estuvo ausente el dirigente de la institución provincial alicantina, César Sánchez, quien ha mantenido su negativa a sumarse al citado fondo en base a un informe de los servicios jurídicos de la Diputación que desaconsejaban esta colaboración por cuestiones presupuestarias pero que, sin embargo, deja a los municipios alicantinos con la mitad del dinero que recibirán los de Valencia y Castellón.

Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra, los presidentes de las diputaciones de Valencia, Jorge Rodríguez, y Castellón, Javier Moliner -este último también del PP- y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios, Rubén Alfaro, participaron ayer en la presentación del Fondo, que se aprobará el viernes en el pleno del Consell y que ascenderá a 130 millones de euros. Mientras el jefe del Consell, Ximo Puig, hizo referencias veladas al dirigente alicantino y habló de una «alianza» entre Generalitat, diputaciones de Valencia y Castellón y ayuntamientos, el director de Administración Local, Toni Such, fue directo a por el presidente de la institución alicantina y dirigente del PP, a quien pidió «reconsiderar su postura» y sumarse a esta iniciativa. Anticipó que este es un primer paso para que pueda acabar insertándose, en el futuro, en una ley valenciana de financiación local.

La confrontación que la Diputación alicantina mantiene con el Consell a cuenta de este proyecto llevó ayer a César Sánchez a alejarse de la «puesta de largo del Fondo de Cooperación Local», en palabras de Ximo Puig, para acercarse hasta Almoradí, donde se reunió con la alcaldesa nacida tras la reciente moción de censura en la localidad llevada a cabo entre PP y C's. Al mismo tiempo, el jefe del Consell se encargaba de destacar en Valencia el «compromiso con el municipalismo valenciano desde 1999», un compromiso que el PP anunció hace 18 años pero que no había llegado a poner en marcha. Ximo Puig defendió la «autonomía» de los ayuntamientos para poder emplear ese dinero donde consideren, diferencia fundamental con las convocatorias que saca la institución alicantina y con el Plan de Obras Financieramente Sostenibles de la Diputación, donde en un principio se valoró habilitar una partida para compensar el fondo pero que finalmente no se hará. En cualquier caso, las obras financieramente sostenibles no permiten a los ayuntamientos la libre disposición de los recursos, sino que están sujetos a proyectos cuyo mantenimiento no suponga futuras inversiones.

La puesta en escena de ayer le valió a Puig y a Oltra mostrarse arropados en su iniciativa por las diputaciones y los ayuntamientos de la Comunidad, siendo la postal representativa del aislamiento en el que se mueve en este terreno el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, que fue incapaz de llegar a un acuerdo con el PSPV para ganarse su apoyo a los presupuestos de este año a cambio de ceder en el Fondo de Cooperación, bien a través de una partida de 13,7 millones de euros o bien con otra fórmula. El equipo de César Sánchez defiende que se sumará al fondo a partir de 2018 y que la negativa a adherirse a éste en 2017 responde a una cuestión técnica, ya que para cumplir con la regla de gasto era inviable habilitar esa partida en 2017.

El encargado de explicar cómo se articulará el fondo fue Toni Such. En primer lugar se prevé un fondo incondicionado que los presupuestos de la Generalitat han dotado con 40 millones. Luego, se contempla una parte de proyectos y fondos europeos para municipios de menos de 20.000 habitantes, así como avales bancarios del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para los consistorios que quieran poner en marcha inversiones acudiendo al endeudamiento privado.