La polémica decisión del gobierno del PP en la Diputación con la colaboración de su socio -el tránsfuga Fernando Sepulcre- de retirar parte de la ayuda concedida al Ayuntamiento de Xàbia para la reforestación de la Granadella -devastada por un gran incendio hace cinco meses- ha entregado munición de grueso calibre a los que ponen en cuestión la objetividad de las instituciones provinciales en el reparto de sus presupuestos. La Generalitat tomará medidas contra el equipo de gobierno de César Sánchez ante cualquier decisión, como la de recortar 50.000 euros para la Granadella, de la que se desprenda una distribución «sectaria» del dinero público y refuerza su apuesta por un modelo con criterios objetivos como el que se recoge en el Fondo de Cooperación Local, rechazado de plano por el grupo de gobierno del PP en la corporación provincial. Un nuevo frente de batalla entre la Diputación y el Consell.

Ese movimiento del presupuesto provincial para 2017, aprobado de «tapadillo» pero desvelado por este periódico, desató un profundo malestar en Presidencia de la Generalitat, que mantiene desde hace meses unas relaciones de alta tensión con el equipo de César Sánchez. El titular del Consell, Ximo Puig, tenía previsto mantener ayer una conversación con el alcalde de Xàbia y portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación, José Chulvi, para abordar el conflicto. El compromiso de Puig, según explicaron fuentes de la Generalitat, es que la administración autonómica suplirá, como mínimo, ese recorte y pondrá dinero para recuperar el emblemático paraje de la Marina Alta, comarca de la que también procede el presidente César Sánchez -alcalde de Calp- y en la que la noticia cayó como una auténtica bomba.

Más allá de eso, incluso, el Consell está valorando la posibilidad de poner en marcha un plan de actuación para atender a los municipios que sean víctimas de un reparto «arbitrario» de ayudas de la Diputación. «No vamos a permitir ese tipo de actitudes. Las vamos a perseguir por tierra, mar y aire», subrayó Antoni Such, director general de la Administración Local y uno de los «hombres fuertes» de Presidencia de la Generalitat. Desde el Consell reiteraron que, en cualquier caso, su objetivo es garantizar que las instituciones provinciales actúen con «equidad» de acuerdo con el modelo del Fondo de Cooperación, un sistema de distribución de subvenciones conforme al volumen de población y con mecanismo corrector para pequeños municipios.

La Diputación, por su parte, se podría plantear rectificar cuando disponga de liquidez con el remanente de tesorería y ponga en marcha el plan de obras financieramente sostenibles, según confirmó un portavoz autorizado del presidente César Sánchez. Estas mismas fuentes también aprovecharon para recordar que los socialistas y el resto de grupos de la oposición -Compromís y EU- firmaron una propuesta que suprimía todas las ayudas directas de la Diputación, incluída la de la Granadella. En cualquier caso, esa iniciativa, versión que omitieron desde el PP, estaba ligada a su vez a un pacto global de todos los grupos para sacar adelante el Fondo de Cooperación Municipal, algo que no se llegó a producir. Como dejó claro en la presentación del presupuesto provincial para 2017, el PP siempre defendió la existencia de las subvenciones nominales -ayudas concedidas «a dedo» de las que salen beneficiados varios diputados populares-, entre ellas, la de la Granadella que, como remarcó Carlos Castillo en rueda de prensa tenía una cuantía inicial de 300.000 euros, recortada en 50.000.