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El Consell multará a los altos cargos que se reúnan en secreto con lobbies

Transparencia incluye sanciones en el borrador de la ley sobre la actividad de los grupos de presión

El Consell multará a los altos cargos que se reúnan en secreto con lobbies

La Conselleria de Transparencia Transparencia tiene ya listo el primer borrador de una ley que sin duda dará que hablar ya que supone una vuelta de tuerca en su afán de que el Gobierno de izquierdas que surgió del pacto del Botànic tenga paredes de cristal. Se trata de la anunciada norma que regula la actividad de los lobbies en el ámbito de la Generalitat y su sector público, un texto normativo que incluye sanciones contra aquellos altos cargos que se reúnan en secreto altos cargos que se reúnan en secreto con grupos de presión. Tal como adelantó en su día este periódico, el departamento que lidera Manuel Alcaraz estaba trabajando en un texto para prohibir que funcionarios y altos cargos trataran en secreto con entidades o colectivos de todo tipo que tratan de influir en la toma de decisión pública.

Transparencia meditó incluir un régimen sancionador con tal de hacer más efectiva su norma y finalmente, según el texto al que ha tenido acceso este diario, así lo ha hecho. Los altos cargos y funcionarios que incumplan la ley se enfrentan a multas y a amonestaciones públicas, mientras que la otra parte (los lobbies), además de las multas, podrían incluso llegar a perder el derecho a mantener reuniones con el Gobierno autonómico. La cuantía económica no está cerrada ya que la conselleria está estudiando otros regimenes sancionadores, pero habrá un abanico que va desde las infracciones leves a graves.

El texto no es definitivo ya que se encuentra en los inicios del procedimiento, pero ya ha sido trasladado a las diferentes conselleries para que presenten sus alegaciones. Después será informado por la Abogacía de la Generalitat y el propósito de la conselleria es que en el primer trimestre de 2017 pueda llevarse como anteproyecto al pleno del Consell.

La iniciativa lleva camino de ser tan controvertida como otras medidas impulsadas desde Transparencia en lo que va de legislatura. Cabe recordar que Alcaraz ha tenido que vencer muchas resistencia internas para sacar adelante sus leyes de transparencia, sobre todo cuando han afectado a la actividad de los altos cargos. La mera exigencia de hacer pública toda la agenda de un conseller o alto cargo ya trajo cola en su momento y esta nueva ley incide precisamente en la necesidad de evitar la opacidad en el proceso de toma de decisiones. La legislación parte de la afirmación de que la participación de lobbies no tiene por qué ser negativa siempre y cuando se haga de manera transparente y plural. De ahí que establece, tal como se ha hecho en la Unión Europea, la creación de un Registro de Lobbies. Aquellas empresas o entidades consideradas grupos de presión tendrán que identificarse e inscribirse en este registro y «sin esta inscripción no podrán tener reuniones ni entrevistas» con funcionarios ni altos cargos. El registro tendrá carácter público y en él los colectivos tendrán que informar de su actividad, especialmente, de sus reuniones con la Administración. Además, habrá un control de este registro para detectar posibles omisiones al tiempo que se da la opción a que «cualquier persona pueda formular una denuncia si aprecia incumplimientos».

Pero la obligación de dar publicidad no sólo incumbe al lobby. También las distintas conselleries están obligadas a hacerlo y de varias maneras. Así, cuando para la elaboración de una ley haya habido contactos con grupos de presión , el departamento pertinente tendrán que redactar un informe donde se detalle esas negociaciones y se identifique a los interlocutores. «También se detallará añade el borrador de la nueva norma la identidad de las personas, así como la fecha y el objeto del contacto y la identificación de los lobbies para los cuales actuan». Este informe deberá adjuntarse al anteproyecto de ley que la persona titular de la conselleria competente eleve al Consell. La información deberá publicarse a través del Portal de Transparencia.

La futura ley recoge un apartado específico en el que se describe la hoja de ruta a seguir en las negociaciones previas a la elaboración de normas. Es decir, se prevé que sea el propio Consell quien contacte con los grupos de presión cuando estime que existan intereses que puedan resultar afectados. Este proceso es compatible con los trámites de participación ciudadana. Eso sí, se advierte que el Consell no quedará vinculado a los acuerdos a los que pueda haber llegado con los lobbies. Si así ocurre deberá motivarlo. La desvinculación del ejecutivo no dará lugar a ninguna indemnización.

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