La Sindicatura de Comptes ha hallado "irregularidades significativas" e "indicios de responsabilidad contable" en las cuentas de los consorcios de los hospitales General de Valencia y Provincial de Castellón, y las remitirá al presidente y al fiscal del Tribunal de Cuentas.
Así lo recoge el informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 2015, que el síndic de Comptes, Vicent Cucarella, entrega hoy al presidente de Les Corts, Enric Morera, y al president de la Generalitat, Ximo Puig.
La Sindicatura ha observado "debilidades significativas en los procedimientos de gestión y control del gasto" de ambos consorcios hospitalarios, que consisten fundamentalmente en "la inexistencia de mecanismos de control jurídico y económico sobre las decisiones de gasto".
Estas decisiones, señala, han sido adoptadas, en su mayor parte, por la gerencia y la dirección económico-financiera, "sin que se hayan puesto en marcha mecanismos de supervisión por parte de los máximos órganos de gobierno" de ambos consorcios hospitalarios.
Considera, además, que no han cumplido "de forma razonable con los principios y reglas generales establecidos en la normativa de contratación pública", al haber estado "contrayendo obligaciones por importes significativos sin cobertura presupuestaria y sin la previa tramitación del preceptivo expediente de contratación".
Por tanto, añade, "no se garantiza la razonabilidad de los precios acordados ni la selección de la oferta más ventajosa para el Consorcio".
Esto afecta especialmente a los productos farmacéuticos y servicios hospitalarios concertados y no concertados, endoprótesis y hemodiálisis, en el caso de Valencia, y a los productos farmacéuticos y servicios de mantenimiento de equipos de electromedicina, en el de Castellón.
La Sindicatura destaca que las cuentas anuales de 2015 de ambos consorcios hospitalarios reflejan "un desequilibrio económicofinanciero" debido a las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, motivadas fundamentalmente por la falta de financiación por parte de la Generalitat y las diputaciones.
En concreto, señala que en el caso de hospital general de Valencia, a 31 de diciembre de 2015, han quedado obligaciones pendientes de contabilizar en el presupuesto por importe de 10.541.058 euros.
En este hospital ha hallado "incumplimientos muy significativos" en varios contratos, especialmente, en el modificado del contrato para la gestión integral de la logística en el Consorcio, suscrito en 2009, y en la modificación de las condiciones de los contratos suscritos anteriormente por la Diputación de Valencia para la prestación de servicios de exploraciones radiológicas.
En estos dos últimos "se han detectado indicios de posible responsabilidad contable, por lo que se remiten con esta consideración al Tribunal de Cuentas".
En el hospital Provincial de Castellón también se han encontrado "incumplimientos muy significativos", especialmente en la construcción y gestión mediante concesión de un aparcamiento en el subsuelo de recinto y la construcción de un salón de actos, y en el mantenimiento de edificios, instalaciones y pisos.
En éstos se han detectado indicios de posible responsabilidad contable, al igual que en determinados pagos efectuados en 2015 sin contrato por la prestación de servicios de limpieza y por la prestación de servicios de naturaleza laboral, y todos ellos se remitirán al Tribunal de Cuentas.
En la fiscalización del área de personal, se han revisado la contratación de dos programas informáticos relacionados con la gestión de la nómina, uno de los cuales se tramitó y adjudicó "con numerosos y graves incumplimientos de los principios y normativa de contratación", según el informe.
La Sindicatura afirma que los gastos y pagos de personal de este hospital "se encuentran adecuadamente contabilizados, aunque existen algunos aspectos significativos que no se han reflejado debidamente en la contabilidad".
Asimismo, ha detectado abonos de retribuciones sin la pertinente aprobación del Consejo de Gobierno, pagos de trienios no ajustados a la normativa o pagos al Administrador General que superan los límites retributivos, cuestiones que también serán comunicadas al Tribunal de Cuentas.
La Sindicatura considera que puede haber indicio de responsabilidad contable en el pago de la indemnización por despido al director gerente, aunque señala que el consorcio provincial de Castellón ha comunicado que ha solicitado el reintegro de las cantidades pagadas.
En cuanto a la revisión de los procedimientos de gestión de personal y de su control interno, la conclusión principal es que "el sistema de control interno es muy deficiente y no garantiza que todos los gastos de personal se contabilicen adecuadamente en tiempo y forma".
