El Gobierno de Mariano Rajoy no baja la guardia sobre las leyes del Consell pese a que las competencias territoriales han cambiado de manos: la pasada legislatura estaban en el Ministerio de Hacienda (Cristóbal Montoro); ahora están en el de Presidencia (Soraya Sáenz de Santamaría). La última norma que está en el punto de mira es la de la creación de la Agencia Antifraude, auspiciada por Podemos y aprobada en noviembre con apoyo de todos los grupos en las Cortes, salvo el PP.

El Ejecutivo central tiene la norma pendiente de un estudio en profundidad, pero tras un primer análisis «existen dudas sobre su legalidad», según aseguran fuentes del Gobierno a este diario. Algo sí ha cambiado. Moncloa no está en este momento por la confrontación directa en el Tribunal Constitucional, como ha sucedido con otras leyes. «El criterio general es no recurrir directamente nada por inconstitucional», señalan las fuentes ministeriales.

La postura actual es la de crear una comisión bilateral con la Generalitat si se observan motivos en una ley para la impugnación. En esa fase se está en el caso de la Agencia Antifraude. En la de atar los cabos jurídicos antes de solicitar formalmente una comisión bilateral para intentar llegar a un acuerdo.

Es lo que ha sucedido con la ley de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (la de la nueva RTVV). El Gobierno consideró que dos artículos y una disposición transitoria no se ajustan a la legalidad. Uno de ellos hace referencia al trato preferente de los extrabajadores del viejo Canal 9 en el acceso a la nueva empresa. Se ha creado una comisión bilateral, que ya era noticia en octubre y que está previsto que pueda reunirse por primera vez en enero próximo.

Además de la de RTVV, las últimas normas aprobadas por el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra han sido cuestionadas por el PP. Sin embargo, tras los primeros estudios, los representantes del ejecutivo estatal consideran que la de la Agencia Antifraude es la única contra la que previsiblemente habrá que actuar.

«La ley de incompatibilidades de alto cargos también se ha mirado, pero parece más un tema de oportunidad e idoneidad que de legalidad», afirmaron las fuentes citadas, que condicionan toda decisión a un análisis más profundo.

Es así porque la secretaría de Estado de Administraciones Territoriales está dando aún sus primeros pasos con su nuevo ocupante: el exdiputado aragonés Roberto Bermúdez de Castro, hombre de confianza de Luisa Fernanda Rudi, quien ha reemplazado a Antonio Beteta, el designado por Montoro para estas funciones y quien tuvo sonados choques con el Consell bipartito durante la legislatura anterior.

La agencia contra la corrupción y el fraude en la Comunidad Valenciana, una de las exigencias estrella del grupo Podemos a los presupuestos de 2017, es un organismo independiente adscritos a las Cortes. Tendrá un grupo de funcionarios que podrá imponer multas de hasta 400.000 euros. La ley ha sido de elaboración costosa -un año- y levantó reticencias inicialmente incluso en PSPV y Compromís, aunque finalmente obtuvo un respaldo amplio (también de los diputados de C's). El PP se opuso a la norma con palabras duras durante el debate parlamentario. Luis Santamaría, el exconseller, dijo que la ley otorga a los funcionarios más atribuciones que a la Fiscalía o la Policía Nacional y la llegó a comparar con «la Gestapo» nazi.

Esas competencias de los empleados de la agencia, dotada con 1,5 millones de euros en los presupuestos de 2017, es uno de los asuntos más espinosos, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Si finalmente la norma acaba en el Tribunal Constitucional se sumará a un buen número que ha seguido ese recorrido en los últimos años. Ha sucedido con todas las del desarrollo del derecho foral valenciano: en los tres casos, el alto tribunal se ha pronunciado contra la Generalitat.

Precisamente, el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha ha enviado una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para pedirle una reunión con el objetivo de tratar la situación creada tras las citadas sentencias sobre parejas de hecho, custodia compartida y régimen económico matrimonial.