Los populares de la Comunidad Valenciana, capitaneados por Isabel Bonig, seguirán aplicando su línea roja contra la corrupción consistente en echar a quienes resulten imputados (ahora investigados) en una causa judicial. Lo dejó ayer claro la número dos del PPCV, Eva Ortiz, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión de la junta directiva regional.

La cita, que sirvió para estrenar las instalaciones de la nueva sede del partido en Valencia, tuvo lugar 24 horas después de que el vicesecretario de organización, Fernando Martínez Maíllo, diera a conocer la ponencia de estatutos del congreso nacional de febrero, un nuevo reglamento interno que recoge sólo de forma parcial la exigencia de primarias de la organización regional, pero que da portazo a su política de mano dura contra la corrupción.

Tal como informó ayer este periódico, la propuesta de Maíllo es dejar la línea roja donde está ahora, es decir, en la apertura de juicio oral, si bien con la novedad de crear una oficina del cargo popular para analizar los caso de «flagrante delito». «Nosotros vamos a seguir la misma línea», indicó Ortiz. Y subrayó que el partido toma decisiones sobre autos judiciales y no sobre situaciones periodísticas. Además, la coordinadora general recordó que existe un pacto con Ciudadanos en el que el PP se compromete a actuar contra los imputados. Un acuerdo, subrayó , que ha hecho posible la gobernabilidad «y nos obliga a todos».

La posición supone mantener el pulso con los concejales imputados, que siguen pendientes de la resolución del expediente abierto por Génova. Su situación ha empeorado estos días al trascender una nueva investigación dentro de Taula sobre financiación irregular.

Por otro lado, y preguntada sobre el sistema propuesto por Maíllo como alternativa a las primarias, Ortiz indicó que «a priori» es un avance respecto a la regulación actual, pero dejó abierta la puerta a posibles enmiendas una vez se conozca al detalle la propuesta. Lo cierto es que la cúpula regional desconoce la letra pequeña de una propuesta que contempla un modelo de doble vuelta. En la primera votan todos los afiliados a los distintos candidatos y los que como mínimo obtengan un 10% pasarán a la segunda votación. Sin embargo, esta vez sólo votarán los compromisarios previamente elegidos por los militantes en otra urna. La duda es cómo se postularán los delegados. Fuentes del PPCV confiesan que depende de cómo se concrete el procedimiento, la democracia interna puede ser mayor o menor a la actual. La organización autonómica ha apostado abiertamente por unas primarias basadas en la elección directa de los candidatos y la fórmula un militante, un voto. Pese a la prudencia, desde el PPCV se mantiene que habrá enmiendas.

Lo cierto es que la delegación valenciana es una de las más potentes; la segunda en número de compromisarios (387) por detrás de Andalucía. Ortiz puso ayer los números encima de la mesa en una suerte de advertencia a Génova de que deben negociar con ellos. De hecho, insistió que aunque la propuesta era aceptable, lo normal es que se tuviera en cuenta a las organizaciones regionales. La número dos de Bonig lanzó también otro aviso, esta vez a la militancia al subrayar que sólo tendrán derecho a votar aquellos que estén al día en las cuotas.