La reforma del sistema de financiación sitúa al presidente valenciano y al de Asturias en posiciones contrarias. En clave socialista, significa que Ximo Puig y Javier Fernández, dos aliados en la crisis que supuso la caída de Pedro Sánchez, se encontrarán ahora en lados contrarios de la mesa a la hora de discutir un cambio de modelo que debería frenar los desequilibrios actuales en el reparto de fondos. Un factor añadido en el tablero de juego, que habrá que ver si tiene algún peso en la negociación, es que Fernández ejerce ahora de presidente de la gestora del PSOE. Nadie quiere hablar de frentes, pero en los últimos meses los movimientos se han sucedido entre aquellas comunidades con intereses en común. Puig ha restablecido las relaciones de la Comunidad Valenciana con Cataluña después de lustros de distanciamiento y ha acercado posiciones con Carles Puigdemont en la cuestión del reparto de los dineros. Al mismo tiempo, logró un acuerdo con Baleares, gobernada por la socialista Francina Armengol al frente de una alianza de izquierdas, sobre el mismo asunto.
No es casual que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera fueran estas tres comunidades (la valenciana, Cataluña y Baleares) las únicas que votaran en contra del acuerdo entre PP y PSOE que fija el objetivo de déficit para 2017 en el 0,6%. Ha dado pie a que en otros territorios se hable ya de un «frente mediterráneo». El Consell ha mantenido contactos además con Murcia, gobernada por el PP, ya que sus circunstancias son parejas a la de este grupo: están en el furgón de cola en el reparto por habitante de la financiación autonómica. La «otra» España no permanece estática ante estos movimientos. Asturias, de hecho, busca aliados «ante el frente mediterráneo». En el punto de mira de todos está la conferencia de presidentes autonómicos, convocada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para el próximo 17 de enero después de cinco años sin encuentro alguno. Ahí debe abrirse el melón de la financiación y mientras la Comunidad Valenciana espera -y necesita- resultados palpables rápidos (lo decía Puig el pasado lunes), otros gobiernos, como el asturiano, pronostican una negociación «larga y dura». El ejecutivo del presidente de la gestora socialista es uno de los firmantes de la Declaración de Cuenca, un documento suscrito a finales de octubre. Es una especie de alianza de la España menos poblada: la «España vacía» es la etiqueta que algunos han puesto a este grupo, que suma el 62% del territorio español pero el 25% de la población.
Asturias, Aragón, Galicia, Cantabria, las dos castillas, Extremadura y La Rioja son las participantes en este acuerdo. Reivindican ante el Gobierno central que en la nueva financiación se tenga en cuenta la demografía como aspecto prioritario. Defienden que la dispersión, el envejecimiento o el despoblamiento tengan más peso en el reparto de los fondos, y proponen un fondo de cohesión territorial que compense las desventajas de los territorios con menos densidad de población. El debate (o la batalla) entre autonomías está abierto. Andalucía tendrá un papel determinante, al igual que Madrid. Puig lleva tiempo con una tarea de concienciación de la presidenta andaluza, Susana Díaz, y ambos presumen de sintonía personal.
