El presidente de la Diputación de Alicante dejó ayer claro que no participará en el Fondo de Cooperación Municipal que impulsa el Consell en 2017 «por motivos presupuestarios» y explicó que su compromiso es estudiar su adhesión a partir de 2018. Una adhesión supeditada a las negociaciones para que el Consell asuma las competencias impropias a las que hace frente la institución provincial y al criterio de reparto de estas ayudas. Tras dar marcha atrás respecto a los mensajes del lunes en los que, pese al titubeo, dejaba ver que buscaría «fórmulas» para adherirse al mismo, Sánchez ya ha dicho que no a su aportación de 13,7 millones para los municipios alicantinos.
El mandatario provincial reunió ayer a todo su equipo de gobierno para «debatir y analizar el fondo del Consell». Según fuentes oficiales, en el encuentro se habló sobre los criterios de reparto que propone este plan. El posicionamiento de la Diputación es que «ni son equitativos ni beneficiosos para los pequeños municipios», algo que ha chocado frontalmente con el grupo socialista de la Diputación, que ayer ya dejó claro que no respaldará los presupuestos de la institución al no sumarse ésta al fondo municipal.
El portavoz del grupo socialista, José Chulvi, lamentó la decisión del PP, y dijo que pedirá mañana al portavoz popular, Carlos Castillo, durante la junta de portavoces donde se trasladará a la oposición el borrador de las cuentas de 2017, «agotar hasta la última vía» para su aplicación. «No es una buena noticia para los ayuntamientos de la provincia que habían visto con esperanza la implantación de este fondo que ahora se va a quedar en la mitad», destacó.
Las manifestaciones del portavoz socialista abocan al PP a tener que recurrir al tránsfuga Fernando Sepulcre para sacar las cuentas del año que viene, al igual que lo hizo el año pasado.
Reparto y competencias
El presidente César Sánchez explicó ayer claramente lo que dejó a medias tintas el lunes después de su reunión con Puig. Tras el encuentro que mantuvo con el jefe del Consell y los presidentes de las Diputaciones de Valencia y Castellón, adujo que se buscarían fórmulas para adherirse al fondo aún reconociendo la dificultad de habilitar una partida en las cuentas de 2017, y así lo hizo público también el Consell. Sin embargo, tras su reunión de ayer con todos sus diputados el máximo responsable de la institución volvió a explicar lo que ya estaba claro -que la Diputación no habilitará para 2017 la partida de 13,7 millones que requiere la adhesión al fondo- y reiteró que tampoco hay fórmulas que logren el milagro el año que viene. Destacó que la institución provincial se sentará a dialogar con Puig y se mostró «convencido de que llegaremos a un acuerdo», pero matizando que la participación de la Diputación a partir de 2018 estará supeditada a las negociaciones sobre los criterios de reparto de dicho fondo local porque el actual criterio «va en contra del ideario de la Diputación, que es el de defender a las localidades con menos recursos económicos primando a los pequeños y medianos municipios frente a las grandes ciudades». Un comunicado emitido en la tarde de ayer evidenció mucha más contundencia de lo que el presidente ha venido mostrando públicamente sobre el fondo del Consell. En él, se recordó que la institución se adherirá al mismo «tan pronto se liberen recursos de las competencias impropias asumidas por la Diputación y se aceleren los acuerdos que se desarrollen en la comisión mixta entre la administración autonómica y la provincial para el traspaso progresivo de estos servicios sociosanitarios al Consell».
La Diputación de Alicante es la única que se ha quedado sola frente al Consell en su oposición al Fondo de Cooperación, ya que las de Valencia y Castellón se sumarán a él. En Castellón, donde el PP también gobierna la Diputación, el PSPV se abstuvo en el pleno de los presupuestos por este motivo. En Alicante ni eso se ha conseguido negociar.
