La Diputación de Alicante colaborará finalmente con el Fondo de Cooperación Municipal que la Generalitat pondrá en marcha en 2017 con una dotación de 80 millones de euros, mitad a cargo de las arcas autonómicas y mitad de las cuentas provinciales. Lo hará, eso sí, de una forma peculiar que involucra al Consell. Así lo trasladó ayer el presidente de la institución provincial, César Sánchez, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante una reunión que el jefe del ejecutivo autonómico mantuvo con los tres presidentes de las diputaciones de la Comunidad.
El director general de Cooperación Local, Antoni Such, que también asistió al encuentro, explicó que las tres diputaciones se han comprometido a colaborar con el fondo, si bien la de Alicante buscará la fórmula de hacerlo al margen de los presupuestos. «Todos vamos a hacer un esfuerzo. la Diputación de Castellón ya ha conseguido la aportación, la Diputación de Valencia lo hará próximamente y desde la institución en Alicante ya se está trabajando para obtener los recursos económicos necesarios», indicó Such. En este sentido, destacó que el Fondo de Cooperación Municipal representa la «mayor apuesta de la Generalitat por los ayuntamientos y el municipalismo». Además, añadió que las cuatro partes han acordado poner en marcha una comisión de trabajo que se encargará de perfilar el decreto de regulación del fondo.
Desde el entorno de Cesar Sánchez, fuentes oficiales aseguraron que se «buscará la fórmula para habilitar ese dinero al margen de los presupuestos». La Diputación de Alicante prevé ir aportando la cantidad que le corresponde del fondo (13,7 millones de euros) conforme la Generalitat Valenciana vaya asumiendo las competencias impropias en materia sociosanitaria que desempeña la institución provincial y por las que reclaman al Consell unos 70 millones de euros.
20 millones anuales
La Diputación ya ha denunciado ante el ejecutivo valenciano que las competencias por el Hogar Provincial, el centro de salud mental Doctor Esquerdo y el Instituto de la Familia Pedro Herrero cuestan 20 millones de euros anuales. De hecho, la vicepresidenta Mónica Oltra y el presidente de la Diputación de Alicante tienen previsto un encuentro el día 13 para abordar el traspaso de competencias. Pero no solo la reunión con Oltra facilitará las conversaciones para la transferencia de esas atribuciones. El presidente Puig se comprometió ayer con el responsable de la Diputación de Alicante a crear una comisión mixta que aborde de manera inminente el traspaso de dichas competencias a la Generalitat Valenciana, lo que facilitará, según César Sánchez, la aportación de la Diputación al Fondo de Cooperación Municipal del Consell conforme se vaya «aliviando» la carga financiera asumida por la institución provincial. El Consell ha pedido que las negociaciones en esta línea incluyan conversaciones con el Gobierno central para que éste haga llegar la financiación para estas materias directamente a la Generalitat y no a la Diputación.
César Sánchez explicó a Ximo Puig las dificultades de su institución para participar en 2017 en este fondo de la forma que el Consell ha planteado, «debido a la precipitación de la propuesta, habida cuenta de que ya tenemos cerrado nuestro presupuesto y de que debemos asumir el elevado coste que nos supone hacernos cargo de materias que no nos competen». Por ello, se mostró dispuesto a aportar fondos «según se alivie la carga financiera que le produce a la administración provincial la cobertura de los servicios sociosanitarios».
