Máxima presión en las filas del PP durante los próximos meses. Resuelta la designación del gobierno de Mariano Rajoy en Madrid, la Junta Directiva Nacional ya ha convocado oficialmente el congreso nacional, que se celebrará en Madrid entre el 10 y el 12 de febrero de 2017. No estamos ante una cita de trámite. Ni mucho menos. Es uno de los cónclaves más importantes de los que hasta ahora ha organizado el PP. No sólo porque tendrá que empezarse a diseñar una solución a medio plazo para la sucesión ordenada de Rajoy, que será reelegido para un último mandato; sino también por la posibilidad de que se introduzca un giro de 180 grados, especialmente, en los procesos de selección de los dirigentes populares y también de las diferentes candidaturas electorales. Una vez se tome esa decisión, se procederá a celebrar a continuación el congreso regional, confirmaron fuentes de la formación.
Tanto la dirección del PP en Alicante como la cúpula regional defenderán en Madrid impulsar procesos de participación de los militantes en las grandes decisiones -elección de cargos internos y de listas directamente por los afiliados- y la limitación de mandatos. Sobre esta segunda cuestión, los populares de la Comunidad Valenciana coinciden en poner como tope ocho años tanto para los mandatos en el PP como en los puestos de gestión. Sin embargo, está abierto el debate, no obstante, sobre los alcaldes de pequeñas poblaciones o los escaños legislativos, puestos donde la experiencia es clave para desplegar una labor más adecuada. Además, la dirección provincial, entre otras cosas, también quiere introducir la cuestión de las listas abiertas mientras que la regional quiere poner coto a la acumulación de cargos y al desarollo de mecanismos internos para frenar la corrupción vinculada, básicamente, a investigaciones por posible financiación ilegal del partido.
Otras organizaciones regionales que aportan un gran número de compromisarios al congreso, caso de Madrid, también entrarán a enmendar en esa dirección la ponencia de Estatutos, encargada a Fernando Martínez Maíllo. Así que la convocatoria del congreso regional, solicitada hace ya meses por la cúpula del PP en la Comunidad tras la debacle en las municipales y autonómicas, tendrá que esperar, como pronto, hasta el mes de abril en tanto se clarifican todas esas normas. «Convocarlo antes sería como cambiar las reglas del partido de fútbol en el medio tiempo», explicaron de forma gráfica dirigentes del PP. La cúpula regional tiene prisa por celebrar ese congreso cuanto antes. Isabel Bonig quiere consolidar su liderazgo, que heredó de forma interina de Alberto Fabra tras quedarse sin la presidencia de la Generalitat. El alto mando de Génova está dispuesto a dar prioridad al congreso popular en la Comunidad cumpliendo con los trámites de calendario mínimos. Así, en principio, la Junta Directiva Regional se podría convocar a partir del 13 de febrero, una vez que se clausure el congreso nacional a celebrar en Madrid.
Los plazos obligan a su celebración, al menos, cuarenta días después. Descartando el último fin de semana de marzo por las fiestas de Castellón, el congreso regional del PP se celebraría en el mes de abril. Bien al principio bien al final por el paréntesis de la Semana Santa. Los cónclaves provinciales quedarían para junio o julio y los locales, como ya adelantó este periódico, para después del verano de 2017. Así que, en estos momentos, la «agenda congresual» de los populares se centrará en el cónclave nacional, con su previa de la elección de compromisarios -más de 2.500 en asambleas y otros 500 natos- entre el 16 y 19 de diciembre.
La cita del congreso nacional evidenciará, en la línea que ya está plasmando en la formación del gobierno el descenso a los infiernos de los populares valencianos. En el anterior cónclave celebrado en Sevilla, Alberto Fabra fue el encargado de la principal ponencia y de lanzar el paquete de medidas para frenar los casos de corrupción. El papel que tendrá ahora Bonig será secundario. Trabajará en la ponencia social, que coordinará Javier Maroto, con debates como la exclusión social, la pobreza infantil, la dependencia o la violencia de género. Como coponentes figuran, junto Bonig, el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, el murciano Pedro Antonio Sánchez; y el extremeño José Antonio Monago.
