Soluciones al problema valenciano. Esa esa la reclamacion que el titular de la Generalitat, Ximo Puig, realizó ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que envió una carta en la que le avanza que en la Conferencia de Presidentes planteará que el Estado asuma como propia la mayor parte de la deuda de las autonomías. Puig, que también ha mantenido una conversación telefónica con Rajoy -como puso en su Twitter- para felicitarle por su nombramiento y plantearle las mismas reivindicaciones, solicita en la misiva mantener una reunión para explicarle «con mayor profundidad» las propuestas del Consell para contribuir a que la Comunidad y España «salgan de la crisis sin dejar a nadie en el camino». También avisa a Rajoy de que la Generalitat se encuentra en «situación financiera límite», por lo que hay unanimidad para reformar el modelo de financiación autonómica.

Por otro lado, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, destacó en cuanto a los presupuestos del Consell, que la inversión social por habitante en la Comunidad Valenciana superará en 2017 por primera vez los 200 euros y se situará en 210, muy cerca de autonomías mucho mejor financiadas, como Madrid o Andalucía. Oltra abrió ayer en la comisión de Economía de las Cortes la ronda de comparecencias de los consellers para exponer los presupuestos de cada uno de sus departamentos.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, se quejó por su parte del presupuesto para su departamento al ser «muy ajustado», aunque sitúa las cifras en un contexto de crisis económica y de «infrafinanciación» de la Comunidad. También ha anunciado que pedirá al Gobierno central la puesta en marcha de nuevos juzgados en la autonomía. Llega a los 291 millones de euros. Finalmente, el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, el alicantino Rafael Climent, valoró la apuesta «decidida» de su departamento por la reindustrialización de la Comunidad con una partida para política industrial de 113,1 millones, un 42% más que en 2016. Destacó que las cuentas prevén planes piloto de industrialización dirigidos a comarcas como la Vega Baja, entre otras.