El conseller de Hacienda, Vicent Soler, alertó ayer de que la función «congénita» de las diputaciones provinciales es la de ayudar a los municipios, por lo que pidió la «colaboración» de la Diputación y que se sume al Fondo de Cooperación Municipal. Soler se pronunció así ante el reclamo de la Diputación de Alicante de 70 millones de euros por competencias impropias ejecutadas y matizó que la colaboración debe implicar a Europa, la propia Generalitat y las tres diputaciones para «hacer un montante suficiente para sacar a los ayuntamientos de la anorexia financiera».
Soler achacó la asfixia de los pueblos a la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -ley que limita la capacidad de gasto de los municipios- y se sumó al argumento del presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, con quien coincidió ayer en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, que sotuvo que la estrangulación presupuestaria que padecen las administraciones locales se debe a esa legislación. Y es que Alfaro destacó ayer que durante la crisis, las corporaciones locales han cumplido y superado los objetivos de déficit. Cifró la reducción de su deuda en un 8% entre marzo de 2015 y marzo de 2016 y explicó que ésta supone el 3,2% del PIE, mientras que la de la administración central es del 74,4% y la de las autonomías del 24,3%. La FVMP ya ha iniciado una campaña contra la ley y por una mejora de la financiación. Además, Alfaro reclamó ayer la necesidad de que los consistorios tengan competencias propias en materia de empleo.
