El instructor de la causa sobre Rita Barberá, Cándido Conde-Pumpido impuso ayer una fianza de 3.000 ? al PSOE para que pueda personarse como acusación popular en la investigación contra la senadora y exalcaldesa de Valencia. Los socialistas solicitaban que no se les eximiera de abonarla después de que la Sala de lo Penal del Supremo aceptara su personación el 21 de septiembre.

Un mes después Conde-Pumpido acepta la personación de los socialistas, aunque previo pago de los 3.000 euros de fianza. El magistrado aprovecha el auto en el que acepta la acusación socialista para advertir del «serio riesgo de judicialización de la política, en la medida en que transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política».

El magistrado, que fue Fiscal General del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero 82004-2011), no pierde la ocasión de señalar que en el caso que instruye «nos encontramos ante la solicitud de un partido político que pretende ejercer la acusación popular en una causa penal contra una persona que ha ocupado una posición política relevante en representación de un partido de signo contrario».

Una práctica «desconocida en los sistemas penales de los países de nuestro entorno» que «conlleva un serio riesgo de judicialización de la política». Al respecto, el magistrado recuerda que dos leyes no natas «elaboradas por gobierno de signo político diferente, prohibieron expresamente ejercer la acción popular por los partidos políticos». Normas que al no alcanzar vigencia permiten la «cuestionable práctica judicial que admite la personación de partidos políticos en causas contra políticos de otros partidos». Por citar sólo dos ejemplos, los socialistas acusan en el Caso Gürtel y los populares en el Caso de los ERE de Andalucía.

De ahí que Conde-Pumpido admita la personación de los socialistas «con las necesarias cautelas» aunque previo pago de los 3.000 euros de fianza.