Blasco defiende la legalidad del concurso de residencias

Blasco, quien se encuentra en prisión cumpliendo condena por el desvío de fondos destinados a la cooperación internacional, ha comparecido mediante el sistema de videoconferencia en la comisión de Las Cortes Valencianes que investiga la adjudicación de plazas en residencias del Grupo Savia, vinculado al exconseller Juan Cotino.

Ha destacado que para el diseño de este nuevo modelo hubo "reuniones abiertas" con todos los agentes vinculados al sector de forma directa e indirecta, como partidos políticos, sindicatos y operadores del sector, algunos de los cuales, ha añadido, hicieron aportaciones que mejoraron el proyecto.

El que fuera conseller de Bienestar Social entre 2000 y 2003, ha asegurado que el resultado fue un modelo "novedoso" sin coste para la administración y "un éxito de política social" pues permitió solucionar "el déficit crónico y bastante escandaloso" de plazas residenciales que padecía la Comunitat Valenciana.

Ha insistido en que el concurso, al que se presentaron una veintena de empresas, se hizo por "procedimiento ordinario y con absoluta transparencia", y prueba de ello es, a su juicio, que tras la publicación de la resolución de adjudicación del mismo, en junio de 2001, "nadie recurrió".

Sobre la modificación de las cláusulas para concertar el 100 % de las plazas residenciales, tres meses después de adjudicarse el concurso, que solo permitía concertar un tercio de las mismas, Blasco ha dicho no tener constancia de cómo se hizo pero imagina que se cumplieron todos los requisitos legales.

Ha afirmado no recordarlo "muy bien", pero está convencido de que la cláusula de exclusividad "se colocaría en su momento porque la inversión que se requería por parte de los operadores sociales era de tal envergadura que había que poner algunas cláusulas que pudieran facilitar lo que representó en la práctica".

La diputada socialista Concha Andrés y la de Compromís Mónica Álvaro han denunciado los incumplimientos por parte de algunas empresas adjudicatarias, como retrasos en la obtención del suelo, cambios de suelo o presiones a los ayuntamientos para la cesión de terrenos.

Andrés ha acusado a Blasco de haber puesto la atención de las personas mayores en manos de empresas constructoras, vinculadas a cargos del PP, y ha advertido de que al concurso solo se presentó una empresa relacionada con el sector, mientras que Álvaro ha calificado de "fraude" el proyecto.

Blasco, quien ha asegurado que en ese momento tenía las competencias de contratación delegadas, ha considerado que los posibles incumplimientos de plazos se resolverían por los trámites correspondientes, y ha afirmado que si alguien tiene pruebas de fraude, abra la vía para exigir responsabilidades penales.

Asimismo, ha señalado que al concurso se presentaron aquellas empresas que "tenían la capacidad para afrontar el mayor reto de política social dedicada a plazas residenciales que se ha dado nunca en la Comunitat Valenciana".

Blasco ha negado, a preguntas del diputado de Podemos César Jiménez, haber recibido, ni en esta ocasión ni en otras, contraprestaciones "ni económicas ni materiales" ni siquiera, ha añadido, "la más mínima insinuación", en relación con su gestión en las diferentes consellerias por las que ha pasado.

Ha negado también haber presionado "nunca a nadie" para que tomara una decisión de un tipo u otro, y mucho menos, ha precisado, a un ayuntamiento, "que tiene la autonomía municipal muy arraigada en su funcionamiento y tiene capacidad propia para no dejarse presionar por parte de nadie".

Asimismo, ha dicho no haber hablado con el exalcalde de Xàtiva y expresidente del la Diputación de Valencia y del PP de la provincia, Alfonso Rus, sobre la residencia de Xàtiva, y desconocer la adjudicación de una segunda residencia en El Puig a la empresa Gerocentros del Mediterráneo, vinculada la familia de Juan Cotino.

Blaso: "En el 'chabolo' en el que vivo en la cárcel no tengo ningún teléfono"

El exconseller de Bienestar Social Rafael Blasco se ha referido a la información publicada este domingo por Levante-EMV en la que se informaba sobre la incautación de un teléfono móvil con conexión a internet que habrían utilizado él y su lugarteniente, Augusto César Tauroni. "Soy un preso ejemplar y no he tenido ningún parte desde que ingresé. Nunca he tenido acceso a un teléfono móvil, por lo que si sus señorías necesitan volver a hablar conmigo, no me llamen porque en el 'chabolo' en el que vivo nunca he tenido acceso a un teléfono", ironizó durante una de sus respuestas a los parlamentarios. "Rafael Blasco no ha dispuesto en ningún momento de ningún móvil ni directa ni indirectamente. Ni he sido auxiliar de biblioteca", ha dicho.

El exconseller, en prisión desde junio de 2015, ha insistido en que es un preso "como cualquier otro" y ha agregado que si la información publicada fuera cierta, hoy no podría tener la comparecencia con las Corts porque estaría en una celda de aislamiento y no es así. "Estoy en una situación absolutamente normal. Tengo una actitud que algunos califican de modélica y he tenido notas meritorias", ha afirmado desde la "chabola" en la que está, tal y como él mismo ha descrito en otro momento de su intervención.

Por su parte, el propio Tauroni también niega la existencia de ese móvil, según han indicado fuentes de su entorno. El empresario, que fue trasladado a la cárcel de Albocàsser hace alrededor de tres semanas, afirma que jamás ha tenido un teléfono en el interior del centro penitenciario, aunque sí tenía acceso a un ordenador desde la biblioteca que dirigía. En Albocàsser se encuentra ahora bien, y no ha notado ningún cambio grande con el traslado. También subraya que en el centro penitenciario castellonense le tienen en consideración y lo único que lamenta es la distancia con Valencia, lo que conlleva a su familia a hacer mayores esfuerzos para poder visitarle.

Tauroni solicitó el pasado mes de junio un tercer grado, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se lo denegó al considerar que no concurrían los requisitos exigidos para permitir que el empresario, condenado a seis años de prisión, evolucionase del segundo al tercer grado penitenciario y disfrutase, de este modo, de un régimen de semilibertad. Además, se consideraba que tenía intereses en el extranjero y se tuvo en cuenta que aún está pendiente de ser juzgado, junto a Blasco, por otras dos piezas del caso Cooperación: el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití y las subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011.