Son cuantiosas y hay para todos. Pero la negociación entre los alcaldes con los diputados es fundamental para que los fondos provinciales den para proyectos grandes. La pura política, más que la fórmula del reparto equitativo, ha sido la causa de que muchas veces hayan salido ganando los pueblos que dirigen partidos con representación en la Diputación, los alcaldes «alineados» a las familias, los que tienen «feeling» con diputados de cada área y los que han sabido negociar sus obras a cambio, por ejemplo, de no recurrir a la Justicia. El debate lo pondrá sobre la mesa el martes el grupo Compromís con la presentación pública del Plan Objectiva, un documento que propone una fórmula de reparto basada en criterios poblaciones, de superficie o de paro de la localidad.
La regulación que hay detrás de las ayudas es la Ley General de Subvenciones de 1983, la cual tampoco obliga a presentar informe técnico alguno que justifique la necesidad de la obra. La mayoría de subvenciones se gestionan a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva abierta y las bases se someten a la pertinente comisión informativa y son aprobadas en pleno. Pero las que tienen carácter nomitativo -es decir, aquellas que son directamente aprobadas por la Junta de Gobierno-, aunque también pasan por pleno son decididas sin tramitación. Con este sistema, por ejemplo, se dan 40.000 euros este año a asociaciones agrícolas como Asaja o a las Clarisas, que han recibido 10.000. Entre las subvenciones nominativas de este año destacan también, por su cuantía y la polémica que ocasionó, los dos millones de euros que se autoadjudicó, con el apoyo del diputado tránsfuga Fernando Sepulcre, el presidente de esta institución, César Sánchez, para la construcción de los accesos desde la N-332 a Calp, localidad de la que es alcalde. «En todos los casos, la ayudas directas, igualmentes amparadas por la Ley General de Subvenciones, responden al interés público y social y se tramitan a través de convenio dado el carácter singular de la actuación y muchas veces la urgencia de la misma», explica desde el equipo de gobierno su portavoz y vicepresidente, Carlos Castillo.
Desde la Diputación recuerdan que la prioridad son los municipios más pequeños, donde el el gasto por habitante es de 482 euros, frente a los 19 euros de las ciudades. Además de las ayudas directas -las nominativas- dentro de los presupuestos anuales la partida de inversiones que concentra la mayor parte del dinero que llega a los municipios es la del plan de obras y servicios.
La historia de la Diputación está marcada por episodios que evidencian cómo la política ha primado en ocasiones por encima de las carencias de los pueblos. En el año 1999, los regidores de Elche, Elda y Alcoy denunciaron el reparto «aleatorio de las ayudas» de la Diputación, gobernada por el PP. El grupo socialista impugnó finalmente el plan de obras y servicios del año 1999, que terminó dirimiéndose en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que falló en contra de la institución al reconocer que el plan anual más importante de la Diputación de Alicante había sido arbitrario. La sentencia, emitida en 2002, dio la razón a los alcaldes que habían denunciado reiteradamente la falta de criterios objetivos.
Ese mismo año, Mutxamel requirió la anulación del plan de obras de 2002 por considerar que le excluía. Se trata de un municipio que estuvo seis años sin este plan -durante el último gobierno de Julio de España y los primeros años de José Joaquín Ripoll- por lo que terminó presentando un recurso que fue retirado, precisamente, tras negociar otra inversión. Algo parecido ocurrió con Xaló, donde es alcalde actualmente el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana. Este pequeño pueblo estuvo siete años sin ayudas de la partida de cooperación para obras y servicios y presentó un recurso en 2015 que también terminó retirando tras pactar otra obra hídrica. En resumen: se negociaron otras obras a cambio de no terminar en los tribunales. Xàbia estuvo sin plan de obras también varios años consecutivos, pero en el caso de esta localidad es porque ni siquiera lo había pedido.
La batalla del PP
En 2009, con Ripoll al frente de la institución, el PP sacó un plan de obras y servicios que primó a los municipios que le dieron la victoria en el congreso provincial del PP en su guerra contra el «campsismo». El expresidente dejó fuera a los pueblos cuyos alcaldes se postularon con el entonces jefe del Consell, Francisco Camps, y dio 29 obras de un total de 39 a regidores afines y sólo dos a los que se posicionaron con Camps. En El Verger, la cobertura de la pista deportiva por valor de 200.000 euros llegó recientemente tras los diálogos que mantuvo al margen del gobierno local la edil de C's con el exdiputado por este partido, Fernando Sepulcre, actualmente diputado no adscrito y respaldo necesario de la mayoría al PP. En mayo, Elche presentó un recurso contra el reparto de las ayudas del plan de obras financieramente sostenibles, elaborado con más de 30 millones de euros del remanente de tesorería.
El portavoz del grupo socialista en la Diputación, José Chulvi, explica que dentro de la función de respuesta que cumple la Diputación con los pueblos «es cierto que se podrían mejorar», pero destaca que la falta de objetividad «se ha ido corrigiendo mucho con el tiempo». «Ahora hay una cuestión importante, porque se quiere implementar el fondo de cooperación local de la Generalitat, que tiene un criterio claro, justo y transparente y es interesante que la Diputación se sume», añade el diputado Chulvi.
Desde Compromís, su portavoz, Gerard Fullana, señala que «no es de recibo» que el sistema que funciona sea que «los alcaldes tengan que ir a rogar a la Diputación» para conseguir ayudas. «Yo solicito un gran consenso para este asunto y buscar nuevas fórmulas». Por su parte, la portavoz de EU, Raquel Pérez, carga contra «la inercia natural de otorgar subvenciones nominativas con las súplicas de los diferentes cargos de la provincia a los gobiernos de la Diputación, algo enraizado en actuaciones de rendición de pleitesía a viejos terratenientes». El diputado no ascrito, Fernando Sepulcre, tildó de «incoherente» que los diputados se quejen del reparto y se mostró conforme con el sistema de ayudas.
