El periplo de la ley autonómica que sustenta la reactivación del servicio público de radiotelevisión valenciana podría no haber terminado a pesar de que fue aprobada por las Cortes y está en vigor desde hace casi tres meses. La norma, pactada por el tripartito, podría acabar recurrida ante el Tribunal Constitucional, principalmente, por los apartados en el que se regula la contratación de personal y se da preferencia en el acceso a los extrabajadores de la extinta RTVV. Según ha podido saber INFORMACIÓN la ley está siendo analizada con lupa por la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autonónomas y las Entidades Locales, área adscrita al Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro.
Fuentes cercanas a este departamento admitieron que la ley valenciana podría acabar recurrida ante el Constitucional. El tripartito obvió los informes jurídicos que alertaban de la posible vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad al otorgar preferencias de acceso a la antigua plantilla de Canal 9. La advertencia quedó reflejada en su día en un informe de la Abogacía de la Generalitat y, posteriormente, en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Ante las advertencias de legalidad, los grupos parlamentarios pulieron el texto y rebajaron los privilegios. Aún así, el acceso preferencial se mantuvo tanto en temporales, en la provisión definitiva por concurso y en las bolsas de trabajo. La cuestión de los extrabajadores ha sido una de las más polémicas durante las negociaciones entre el PSPV y Compromís y sus socios parlamentarios de Podemos.
El Gobierno tiene menos de una semana para comunicar su decisión al Consell. El plazo puede ampliarse a nueve meses si se convoca la comisión bilateral para llegar a un acuerdo con la Generalitat. Con todo, este asunto no es el único que preocupa al Ministerio de Hacienda. El impacto presupuestario de la apertura de la nueva tele y su difícil encaje con la ley de estabilidad ha llevado al ministerio que dirige en funciones Cristobal Montoro a intereresarse hasta el punto de que, según ha sabido este diario, la tele ha sido objeto de negociación con el Consell. Las fuentes consultadas apuntan que el ministerio ha puesto pegas al proyecto y ha obligado a la Conselleria de Hacienda a demostrarle, en el marco de las negociaciones del Programa Económico y Financiero, que podrá asumir el gasto. Según estas informaciones, el acuerdo para no activar la ley de estabilidad en contra de la tele es que la inversión sea mínima, en torno a los 50 millones.
