Magistrados que compartieron sección con el juez que archivó el caso Rabasa van a ser los que ahora decidan sobre su reapertura. Cinco meses después del cierre de la investigación por parte del magistrado César Martínez, los recursos de apelación contra esa decisión han llegado esta semana a la Audiencia de Alicante. Dentro del turno de reparto establecido para resolver asuntos de especial complejidad, las apelaciones han correspondido a la Sección Tercera, la misma donde César Martínez estuvo destinado un año (de abril de 2013 a abril de 2014).
Martínez formó parte de un plan para reforzar las secciones penales de la Audiencia. Algunos de sus compañeros de tribunal en los juicios celebrados durante ese año serán ahora los que tengan que decidir si procede o no volver a abrir el caso Rabasa. Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que esta coincidencia de destinos no es motivo para recusar al tribunal, mientras que desde la sala se descartó inhibirse en la causa. Como ponente de la resolución ha sido designado el presidente del tribunal José Daniel Mira Perceval. De la decisión del tribunal dependerá el cierre definitivo de esta pieza separada del caso Brugal o su reactivación en los tribunales. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el magistrado se iba a estudiar el sumario para poder decidir, por lo que no espera una resolución rápida.
Entre los investigados (antes llamados imputados) en el caso Rabasa están la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; el empresario Enrique Ortiz; el exgerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y los técnicos María Isabel Campos y José Luis Ortuño. El juzgado de Instrucción número seis de Alicante archivó el pasado mayo las investigaciones por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa al no ver indicios de delito en la actuación de los investigados. Aunque todavía quedaban pendientes algunas declaraciones de testigos e incluso de algún imputado, el magistrado César Martínez Díaz, tercero en asumir la causa, decidió a los pocos meses de tomar posesión de la plaza en el juzgado que eran innecesarias porque no consideraba que los hechos denunciados fueran constitutivas de delito. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Esquerra Unida han presentado recursos ante la Audiencia pidiendo que la investigación continúe.
En estos dos últimos años varios han sido los recursos que esta sala ha tenido que resolver sobre las piezas que están en el juzgado de Alicante desgajadas del caso Brugal. En enero del año pasado, esta sala archivó el recurso de las defensas de la exalcaldesa Sonia Castedo que pedían el archivo de la investigación del Plan General, en la que también estaba imputada. La sala era favorable a que las diligencias continuaran porque los indicios que se imputaban a Castedo «excedían de las meras sospechas».
Posteriormente, esta sala también admitió a trámite meses más tarde, en octubre de 2015, un recurso de queja del fiscal porque el anterior instructor del caso Rabasa no había dado curso a una apelación del Ministerio Público para que se incorporaran a la causa las supuestas dádivas que habría recibido Castedo en la investigación del PGOU. El recurso se tramitó pero otra sección de la Audiencia finalmente rechazó la petición del fiscal.
