«Ciegsa se creó para cobrar comisiones con los colegios desde el minuto cero», señaló Marcos Benavent, el exyonki del dinero, tras una de sus comparecencias judiciales en marzo de 2016. Dos testigos citados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionados con la empresa Construcciones e infraestructuras educativas SA (Ciegsa) han apuntalado esta afirmación, con matices, de la que los investigadores tendrán que seguir tirando del hilo.
Uno de los testigos citados por la Guardia Civil por el «caso Taula» que investiga el amaño de contratos para cobrar mordidas en la construcción de colegios fue el gerente de Ciegsa de 2000 a 2004, Javier García-Lliberós, fichado «directamente por Eduardo Zaplana para desarrollar el proyecto de empresa» por su «experiencia y currículo» pero también porque «era el marido de Alicia de Miguel, portavoz de la Generalitat».
García-Lliberós admitió a los agentes que la empresa pública se creó «por su capacidad de endeudamiento que permitía paliar las restricciones presupuestarias a las que estaba sometida la Conselleria de Educación», entonces bajo la batuta de Manuel Tarancón (que ocupó la cartera de 1999 a 2003 y falleció en 2004) y después por Esteban González Pons (de 2003 a 2004) y Alejandro Font de Mora (de 2004 a 2011).
El economista asegura que se rodeó de un «equipo de prestigio» para decidir las contrataciones de los colegios que se comunicaban por «carta» o llamada telefónica del mismo gerente. Aunque García-Lliberós reveló un detalle nada baladí sobre el día a día de Ciegsa durante su gestión. «Antes de la adjudicación formal, desde Presidencia [de la Generalitat] reclamaban un listado de las empresas que resultarían adjudicatarias tras la valoración de los distintos criterios», aseguró a los investigadores. «Presidencia» estaba ocupada en aquellos momentos por Eduardo Zaplana, que abandonó el cargo en julio de 2002 para ser ministro de Trabajo.
La revelación de que Presidencia de la Generalitat supervisaba y revisaba las adjudicaciones fue ampliada y matizada por uno de sus antiguos subordinados en Ciegsa, con un matiz importante. Este segundo testigo confirmó a los agentes que «Presidencia solicitaba el listado de los adjudicatarios de los contratos una vez baremadas las ofertas, pero sin formalizar la adjudicación, según me comentaba García-Lliberós». Aunque lo relevante de su explicación es que cuando el listado volvía de Presidencia a Ciegsa «en ocasiones, en el listado de los adjudicatarios venía cambiado el orden de las empresas». «¿Qué se hacía cuando venía una empresa cambiada?», preguntó la Guardia Civil al testigo. «Supongo que se cambiaba la baremación para conseguir que resultara adjudicataria».
