El presidente de la Diputación de Alicante ha movido ficha. Cuatro meses después de que la corporación provincial aprobara por unanimidad la creación de una comisión de investigación que ahonde en la gestión de los últimos doce años del PP al frente de la institución, su máximo dirigente, César Sánchez, tiene ya una hoja de ruta para poner en marcha a partir de la semana que viene este órgano fiscalizador.
El llamamiento a los grupos de la oposición va a iniciarse esta semana, según fuentes de Presidencia, con el fin de poner fecha y hora a la primera reunión entre los representantes de cada partido que comprondrán la comisión.
El PSOE ha nombrado a su portavoz José Chulvi como representante de los socialistas mientras que Compromís a Gerard Fullana, también portavoz de esta formación. Los diputados Raquel Pérez (EU) y Fernando Sepulcre (no adscrito) conformarán el resto de la mesa. La novedad la aporta, en este sentido, el equipo de gobierno del PP, después de renegar de Sepulcre como presidente -fue su propuesta inicial- por su condición de tránsfuga tras abandonar el partido por el que llegó a la Diputación, Ciudadanos, sin renunciar a su acta de diputado. Así las cosas, el PP ha decidido que su vicepresidente en la Diputación, Eduardo Dolón, sea su representante en la comisión, además del presidente de la misma. La presidencia se decidirá por votación, teniendo en cuenta que el voto de cada componente será ponderado, cumpliéndose la misma proporción que en el pleno.
La llegada de septiembre y, por tanto, del curso político ha hecho reaccionar a César Sánchez, que había bloqueado la constitución de la comisión este tiempo argumentando que había que esperar a las propuestas de representación de los grupos, pasar unas elecciones generales y dejar atrás el mes de agosto, con la mayoría de diputados de vacaciones.
La decisión de activar el curso político con la creación del órgano fiscalizador se produce después del pacto que alcanzaron este verano el grupo socialista y EU en la Diputación de Alicante, como informó este diario, y que permitía sumar la mayoría necesaria para que la oposición pudiera convocar la constitución de la comisión, algo que todos los grupos han reclamado que se haga con premura desde su aprobación en el pleno del pasado mes de mayo. Sin embargo, la historia de la comisión no nació en ese pleno.
En marzo, el grupo Compromís ya llevó a la corporación la creación de un órgano que fiscalizara los últimos 12 años del PP en la institución, pero Fernando Sepulcre, quien ha mostrado su apoyo al PP en las propuestas más espinosas de los populares, tumbó la moción en favor de una auditoría que, finalmente, la interventora no pudo autorizar. De esta manera, Sepulcre volvió a llevar al pleno de mayo la creación de la comisión previo acuerdo con la oposición. Su propuesta, unida a la de la diputada de EU, terminó siendo aprobada por unanimidad.
El periodo a investigar, y que la oposición advierte que mirará con lupa, abarca el mandato del expresidente José Joaquín Ripoll, a quien la Fiscalía pide penas de prisión por presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos para la Vega Baja, así como el de Luisa Pastor. La gestión de la Diputación con Ripoll al frente afecta también a cargos de C's que fueron nombrados por el expresidente y con los que Fernando Sepulcre no mantiene una buena relación.
