La discriminación hacia la Comunidad Valenciana que reflejan las conocidas como balanzas fiscales -nombre acuñado a las cuentas públicas territorializadas, que contabilizan la riqueza que un territorio aporta al Estado a través de una hipotética caja común y lo que se le devuelve a través de lo que la Administración gasta en ella- es un hecho recogido ya a todos los niveles del gobierno valenciano para reforzar su petición de un nuevo modelo de financiación autonómica. El último informe sobre las balanzas fiscales publicado por el Ministerio de Hacienda evidencia el estrangulamiento que padece la Comunidad, la única que con menos renta per cápita que la media aporta más de lo que recibe. Pero, ¿cuánto necesitaría la valenciana para ser una comunidad tratada con el mismo rasero que el resto de autonomías? Pues 6.065 millones de euros, según un estudio realizado por el PSPV sobre las cuentas territorializadas publicadas por el Ministerio el pasado mes de julio.
Las balanzas fiscales que Hacienda ha dado a conocer con los últimos datos disponibles, correspondientes a 2013, evidencian que la Comunidad Valenciana registra un saldo negativo de 1.416 millones de euros. Esto significa que la autonomía recibe en gastos públicos de las distintas administraciones 1.416 millones de euros menos de lo que paga en impuestos.
Pese a ello, que registre saldo negativo una región comparativamente pobre -la Comunidad tiene una renta por habitante que es un 12% inferior a la media- llama la atención cuando hay autonomías que tienen una renta per cápita mayor, como Castilla y León o Aragón, que registran un saldo positivo y, por tanto, reciben más gastos públicos que impuestos pagan pese a ser más ricas.
Según los datos del Ministerio de Hacienda, para que la Comunidad tuviera un saldo cero y, por tanto, recibiera en gasto público lo mismo que aporta en impuestos, debería obtener 1.416 millones de euros adicionales de ese gasto. Sin embargo, los cálculos elaborados por el PSPV van más allá y reflejan lo siguiente: que en virtud de los datos que arrojan las balanzas fiscales y considerando a la Valenciana una comunidad pobre por tener un 12% de renta inferior a la media, esta autonomía tendría que tener un saldo positivo resultado de recibir 6.065 millones, es decir, los 1.416 millones de euros que convertirían el saldo en cero más otros 4.649 adicionales. Esto daría un saldo de 4.649 millones de euros y no un balance negativo (-1.416) como reflejan los datos de las balanzas fiscales. El diputado socialista por Alicante en el Congreso, Julián López Milla, argumenta que esos 6.065 millones de euros serían los que harían que la Comunidad fuera tratada conforme a su nivel de renta. «De lo que no hay duda en términos de solidaridad es que a mayor renta debería pagarse más de lo que se recibe, mientras que a menor renta, debería recibirse más de lo que se aporta, y justo la Comunidad Valenciana es la única que es pobre y encima recibe menos de lo que aporta», sostiene el parlamentario, que recuerda que son muchas las autonomías con renta inferior a la media que reciben más de lo que dan, como Galicia, Cantabria, Murcia, Andalucía. Esos 6.065 millones de euros, según López Milla, darían a la Comunidad el mismo trato que al resto. Las balanzas fiscales (reflejadas en el segundo gráfico de esta información) muestran que existe un grupo de comunidades afortunadas que, con más renta por habitante que la media, reciben más de lo que aportan (La Rioja, Aragón y País Vasco). Por el contrario, solo existe una que recibe menos de lo que da a pesar de tener menor renta por habitante que la media: la Comunidad Valenciana.
El estudio sobre las balanzas fiscales del Ministerio de Hacienda publicado el pasado mes de julio ofrece los resultados del sistema de cuentas públicas territorializadas correspondientes al año 2013. Se trata de una operación estadística, incluida en el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, que hace una radiografía detallada de la distribución territorial de los presupuestos públicos de el prisma carga/beneficio en relación a los ingresos y el gasto. Se trata de un análisis, como recoge la web del Ministerio de Hacienda, que permite conocer el origen de los saldos fiscales regionales así como profundizar en la incidencia regional de la actuación de las administraciones públicas.
