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El pacto de PP y C's cuestiona al alcalde de San Fulgencio y al grupo popular de Valencia

La cúpula provincial popular defiende la continuidad del regidor de la Vega Baja

El pacto al que han llegado el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el líder de C's, Albert Rivera, tras aceptar el primero las medidas anticorrupción del segundo cuestiona al alcalde de San Fulgencio y al grupo popular del Ayuntamiento de Valencia y ponen en la picota el futuro de la actual senadora por el PP, Rita Barberá, si es finalmente investigada por el Supremo por presunto blanqueo de dinero. El acuerdo alcanzado entre Rajoy y Rivera supone apartar de sus cargos públicos a aquellos dirigentes vinculados a sus partidos sobre los que recaiga una investigación por corrupción, además de poner fin a los aforamientos.

En la provincia de Alicante, el PP hizo un «limpión» de imputados para las últimas elecciones autonomicas con el fin de evitar que fueran en las listas, pero el actual alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, se coló en ellas al no trascender sus causas abiertas en los tribunales investigadas por la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de dos procedimientos en los que el fiscal Pablo Romero ya ha acusado formalmente de prevaricación al regidor. En uno de ellos, el representante del Ministerio Fiscal le pide 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa tras las subvenciones concedidas a un club deportivo en manos de un responsable local del PP. El otro caso, que también está pendiente de juicio por prevaricación y fraude es el que hace referencia a la contratación sin concurso de una empresa que paga a un empleado -un conserje del polideportivo- al que destina solo una parte del dinero que recibe la mercantil. Ramírez siempre ha defendido su inocencia y en el caso del club de fútbol incide en que el responsable del PP que resulta beneficiario de las ayudas públicas lleva recibiendo ese dinero desde hace 16 años, mucho antes de llegar a la Alcaldía.

Y apoyos no le faltan. La cúpula provincial del PP salió ayer a favor de su mantenimiento en el cargo pese a las dos acusaciones que pesan sobre él y la previsible apertura de juicio oral en los próximos meses, según aseguraron fuentes del partido, que igualan su situación a del alcalde de La Nucía y diputado provincial del PP, Bernabé Cano, también investigado. La cúpula del PP alicantino defiende que ambos casos están fuera del ámbito de la corrupción política y alegan que se trata de cuestiones administrativas, si bien alertan de que si el alcalde de San Fulgencio tuviera una sola condena el partido tendría que estudiar apartarlo de su cargo.

Las citadas fuentes populares también apuntan a que las condiciones de Rivera aceptadas por Rajoy tendrán que perfilarse ahora y definir muy bien qué es y qué no es corrupción, así como discutir sobre la obligatoriedad de dejar el acta, lo cual necesitaría de reformas legales.

El pacto PP y C's cuestiona también a nueve de los diez concejales del grupo popular de la ciudad de Valencia, imputados por su supuesta implicación en un delito de blanqueo de dinero. Están investigados por el presunto «lavado» de dinero que el PP obtuvo con comisiones a empresas a las que se favoreció en contrataciones públicas como ha revelado la investigación del caso Taula. Este caso llevó a la dirección regional del PPCV, con Isabel Bonig a la cabeza, a intentar apartar a todos los implicados, que se negaron a entregar las actas de concejales. El temor de que el Partido Popular se quedara sin representación en el consistorio de la tercera ciudad de España llevó a la dirección nacional a suspender cautelarmente de militancia a los ediles pero no a expulsarlos, por lo que siguen al frente del grupo municipal como independientes.

El acuerdo afectará también a la senadora del PP y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, si finalmente es imputada por el Tribunal Supremo como el resto de sus compañeros. La condición de aforada por su cargo como senadora ha apartado a Barberá de la investigación, que podría recaer sobre ella si el Alto Tribunal la investiga, como así solicita el fiscal. Fuentes del PP, entre ellas el presidente del partido en Alicante, Pepe Císcar, ya han manifestado que en virtud de este acuerdo, si la imputan, habría que apartarla.

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