La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha aprobado, a través de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la concesión del 82% de las solicitudes presentadas por los ciudadanos de las tres provincias para recibir asistencia jurídica gratuita durante el segundo trimestre de 2016.

En concreto, entre los meses de abril y junio, de las 31.528 solicitudes presentadas en los servicios territoriales de Alicante, Castellón y Valencia se resolvieron favorablemente el 82 por ciento, lo que se traduce en un total de 25.878 solicitudes, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Por provincias, fue Alicante la que mayor número de expedientes registró, con un total de 14.588, de los cuales, fueron estimados favorablemente 11.220 (76'91%) y desfavorablemente otros 763 (5'23%). Los otros 2.605 expedientes (17'86%) fueron archivados.

Durante el mismo trimestre del año pasado se registraron un total de 10.367 expedientes. En la provincia de Valencia, los servicios territoriales tramitaron entre abril y junio de este año un total de 14.188 expedientes, de los cuales, fueron estimatorios 12.100 (85'28%), desestimatorios otros 1.365 (9'62%) y fueron archivados 723 (5'10%),¡. En el mismo periodo de 2015 se tramitaron un total de 15.397.

Por su parte, en Castellón se tramitaron un total de 2.752 solicitudes -- frente a las 2.954 del año pasado --, de las que se aceptaron 2.558 (92'25%), se rechazaron 160 (5'81%) y se procedió al archivo de otras 34 solicitudes (1'24%).

NUEVO MODELO DE JUSTICIA GRATUITA

La Generalitat gestiona las solicitudes de Justicia Gratuita desde el año 2001 y pueden solicitarla todos los ciudadanos españoles, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Con independencia de la existencia de recursos para litigar, también se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Además, la Conselleria de Justicia tiene en marcha un nuevo modelo de justicia gratuita para la Comunitat que facilita el acceso a esta prestación a las personas que padezcan una discapacidad de cualquier tipo, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, tal y como lo anunció la consellera Gabriela Bravo en les Corts.

La consellera Bravo recordó entonces que estas medidas se incluirían en la reforma del Decreto 29/2001 de 30 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita porque, según explicó, esta norma necesitaba "ser adaptada a las reformas legales producidas en los últimos quince años".

El motivo de este cambio obedece a que las personas con diversidad funcional tienen en su vida diaria unos costes derivados de su situación que no soportan otros sectores de la población, según defendió la consellera Bravo.