La discriminación que sufre la Generalitat Valenciana en materia económica se agrava con el paso de los días. Ayer, sin ir más lejos, el Ejecutivo de Ximo Puig puso encima de la mesa un dato demoledor. El último modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009 bajo mandato socialista y hoy aún en vigor, ha supuesto un quebranto de 6.900 millones para las arcas del Consell. Esa es la cantidad aproximada que tendría que haber recibido de más la Comunidad Valenciana si el Gobierno central hubiera tenido en cuenta su población a la hora de repartir el dinero. La cifra habla por sí sola. Representa casi medio presupuesto anual de la Generalitat y supera todo el dinero que la administración valenciana ha reservado este año para Sanidad (5.909 millones).
El Ejecutivo autonómico dio a conocer ayer ese guarismo durante el encuentro que está manteniendo estos días en Torrevieja. Hasta la ciudad salinera se ha desplazado el Consell al completo con varios altos cargos y los responsables de comunicación de los distintos departamentos. En el cónclave de ayer, organizado de nuevo en el CDT, se sustanciaron los primeros acuerdos de cara al próximo ejercicio. Uno de ellos fue refrendar el compromiso con las políticas sociales. Pese al «expolio» de las arcas autonómicas por la financiación, el presidente, Ximo Puig, corroboró que las cuentas de 2017 tendrán un acento eminentemente social. «Vamos a hacer un presupuesto impulsando el Pacto del Botánico, en el que las grandes prioridades serán los servicios públicos fundamentales, como la Sanidad, la Educación y los servicios sociales», proclamó el también líder del PSPV, a la vez que admitió que todavía se encuentran «lejos» de su objetivo en esa área.
Las estrecheces económicas de la Generalitat y su total dependencia de los mecanismos de rescate de Madrid, por ende, no serán impedimento para que la Generalitat refuerce esas partidas. ¿Cómo? Recortando otras. Es la única forma. No obstante, Puig insistió en que la Generalitat seguirá reclamando en Madrid que se acabe de una vez el maltrato económico con el fin último de aumentar sus ingresos. «No aceptamos el marco de ir perdiendo derechos y recursos en materia presupuestaria», zanjó.
El Consell, por otro lado, intentará desmarcarse todavía más de las políticas que impulsó el PP durante sus 20 años de gobierno en la Comunidad y también modificará algunas leyes aprobadas en legislaturas pasadas. La vicepresidenta, Mónica Oltra, avanzó ayer dos. Una de ellas será la Ley de Función Pública, que afecta a todos los trabajadores de la administración. «Lo primero que vamos a abordar es la modificación de esta ley. La función pública tiene que servir para tener empleados públicos, que son los que enseñan a nuestros hijos, los que nos curan cuando vamos a los hospitales, los que tramitan los expedientes de dependencia para las personas en situación de vulnerabilidad... Queremos poner en valor a los empleados públicos tras años de maltrato», comenzó diciendo.
La vicepresidenta prefirió no ir más allá y no concretó los cambios normativos. Sin embargo, sí dejó entrever que la modificación tendrá también como finalidad dotar de estabilidad a las plantillas de las distintas áreas. «En 10 años tendremos la mitad de empleados públicos de los que tenemos ahora», apostilló, en una clara crítica al anterior Ejecutivo popular y al Gobierno central.
La Generalitat también acordó ayer en su reunión de Torrevieja la modificación de una segunda ley. En este caso, la 1/2015 de Hacienda. «La hemos bautizado como la ley de para lo que me queda de estar en el convento. Es una ley que aprobó el PP en solitario y que ha elevado la burocratización, la lentitud en la administración y la falta de respuesta a unos niveles insoportables», sentenció la también lideresa de Compromís. Y agregó: «La administración tiene que ser rápida. Tendríamos que estar en unos niveles de implantación de nuevas tecnologías del 86% y, sin embargo, estamos en un 15%».
La finalidad de la Generalitat pasa por revertir la actual situación de la administración valenciana, puesto que el PP la dejó «saboteada y raquítica», en palabras de la propia Oltra. «Queremos una administración ágil, del siglo XXI y que responda en tiempo real a los ciudadanos», dijo.
Soler estalla contra Montoro
El que también quiso hacer ayer declaraciones fue el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Las realizó a través de un comunicado de prensa en el que cargó por enésima vez contra el ministro Cristóbal Montoro. En concreto, le acusó de haber forzado la retirada de una partida de 1.325 millones de mejora de la financiación autonómica que la Generalitat consignó en los presupuestos para este año y que finalmente se ha visto obligada a suprimir para que Madrid aprobara su plan económico.
