El Partido Popular en la Diputación de Alicante ha hecho oídos sordos del Pacto Nacional Antitransfuguismo y ha permitido al diputado tránsfuga de C's, Fernando Sepulcre, mantener el 75% de su sueldo gracias a su puesto como vicepresidente del Instituto Juan Gil Albert, organismo autónomo dependiente de la Diputación de Alicante. La institución tendrá en nómina al exrepresentante de C's debido a su condición de vicepresidente en el citado organismo autónomo, cargo que le liga a un 75% de su salario como diputado con dedicación parcial en virtud del acuerdo del pleno del 30 de julio de 2015. Fuentes del área de Hacienda y Recursos Humanos indicaron que si Sepulcre no ostentara la vicepresidencia del Gil Albert no podría conservar el sueldo de la institución tras abandonar su partido.
Sin embargo, según el Pacto Nacional Antitransfuguismo -del que el PP fue uno de los impulsores- los diputados o concejales tránsfugas de las corporaciones locales no pueden ser representantes de entidades de las que la corporación forme parte. Según el acuerdo de mayo de 2006 sobre el código de conducta política en relación con el transfuguismo, los responsables de las corporaciones locales «rechazan los nombramientos políticos que impliquen atribuciones o delegación genérica con los consiguientes derechos políticos y económicos en favor de los tránsfugas».
Asimismo, los partidos se comprometen a no nombrar a los concejales -en este caso diputados- tránsfugas «representantes en entidades financieras, empresariales, fundaciones, cajas y demás entidades de las que la corporación forme parte». Cabe recordar que el Pacto Antitransfuguismo está redactado para todas aquellas corporaciones locales, como es el caso de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, donde en el caso de Alicante la situación de Sepulcre ha supuesto una novedad.
El equipo de gobierno en la Diputación está en manos de los populares, que gobiernan en minoría, aunque han encontrado en Fernando Sepulcre un aliado para sacar adelante los temas más espinosos que se han llevado al pleno de la corporación provincial. El propio Sepulcre ha reconocido públicamente haberse saltado la disciplina de su partido en alguna votación, como la que permitió los dos millones de euros a Calp para subsanar las rotondas en la N-332 de acceso a esta localidad costera donde es alcalde el presidente de la Diputación, César Sánchez.
En la comisión de Hacienda celebrada ayer en el Palacio Provincial el grupo Compromís preguntó por el informe jurídico que avala el sueldo de Sepulcre al 75%, así como su derecho a estar en los organismos autónomos, mantener un despacho y poder pertenecer a todas las comisiones. Pese a que Secretaría ha ratificado en respuesta a una pregunta del diputado de Compromís, José Manuel Penalva, que Sepulcre puede seguir perteneciendo a todas las comisiones informativas, ha negado la existencia de un informe jurídico respecto al resto de derechos del tránsfuga. Para Penalva, la Diputación «muestra ser un cortijo donde se toman decisiones importantes sin convocar a la junta de portavoces y sin reunir a la oposición».
El informe jurídico que no existe
Los nuevos derechos de Sepulcre están basados en un informe que el portavoz del PP, Carlos Castillo, aseguró que se había encargado a los servicios jurídicos. Castillo anunció que el exportavoz de C's puede retener el 75% del sueldo y estar en todas las comisiones informativas y organismos autónomos según ese documento. El propio Sepulcre admite que no ha recibido informe alguno y dice que ha sido la secretaria la que le ha informado de que podrá mantener su asistencia a comisiones. Nada más. Respecto a su sueldo, fuentes de Recursos Humanos indicaron ayer que tampoco se ha emitido ningún informe porque según el acuerdo plenario del 30 de julio de 2015 se le aplica automáticamente el régimen parcial, por el que tiene derecho al 75% de su salario por ser vicepresidente del Gil Albert. Este es el meollo de la cuestión, porque permite a Sepulcre poder cobrar de la Diputación pese a que toda la oposición en bloque mostró ayer sus dudas sobre su pertenencia a más de media docena de organismos autónomos, de los que el tránsfuga cobra de todos a excepción del Auditorio Provincial (ADDA) y el Museo Arqueológico.
