La vorágine en la que se mueve la actividad política ha convertido las legislaturas o los mandatos en las instituciones en ese corto espacio de tiempo que queda entre una campaña y otra campaña electoral. Esa evidencia tiene su punto positivo: mantiene en tensión a los gestores públicos y les obliga a tomar decisiones para retomar la iniciativa con el objetivo de ir reactivando la acción de gobierno. Pero también tiene, desde luego y en mayor medida, una parte negativa: convierte la labor en las instituciones, en la mayoría de los casos, en una suerte de «postureo» político que impide revisar a fondo los temas clave que marcan la agenda y que acaba por aplazar las grandes decisiones que determinan una acción de gobierno durante ese periodo de cuatro años.
Hace ahora justo doce meses, los comicios autonómicos y locales ponían punto y final a dos décadas de ejecutivos del PP en la Generalitat y en la mayoría de los grandes municipios. Los populares caían hasta sus niveles más bajos. De cosechar porcentajes claramente por encima del 50%, se quedaron en apenas el 27%. Y por eso la izquierda pudo sumar mayorías tanto en el Consell como en los principales gobiernos locales. Doce meses después, decía, todo ese proceso de cambio político recibió un serio toque de atención el 26-J después de un año entero de campaña y de dos elecciones generales que, de momento, no han resuelto el bloqueo para poder formar gobierno en Madrid.
La sociedad valenciana basculó a la izquierda en las autonómicas. La suma del PSPV, Compromís, Podemos y EU era superior por 400.000 papeletas a la del PP, C's y UPyD. Y mantuvo esa tendencia, aunque por un margen más estrecho, en los fallidos comicios del pasado diciembre. Ahora, sin embargo, el electorado se volvió a escorar hacia la derecha concediendo al PP una victoria clara por encima del 35% de los votos. El resultado final de las generales del 26-J «envalentonó» a los populares, abrió el debate en las filas socialistas sobre la relación con sus socios de gobierno, alimentó las dudas dentro de la izquierda sobre el espacio electoral que acabará ahormando Mónica Oltra de cara a las autonómicas y municipales de 2019 y encendió la alarma de Podemos, con el susto encima ante la posibilidad de que, al final, parte de su porción del pastel se la acabe engullendo Compromís, con un despliegue territorial infinitamente mejor que el de los morados.
Aunque quedan casi tres años para los comicios autonómicos y locales de 2019, la semántica de los principales partidos apunta en una misma dirección: inaugurar una larguísima disputa electoral. Una pugna en la que será difícil quitarse de encima esa sensación de campaña permanente que, a la postre, acaba por arrinconar los grandes problemas de la Comunidad. Esa motivación del PP le arrastra a un discurso en el que, sin argumentos que avalen el análisis, ya da por supuesto que la victoria del 26-J certifica su recuperación política y le vacuna de los efectos de la factura de la corrupción política por su etapa en el gobierno autonómico y en las alcaldías. Puede que así sea. Pero también cabe que el éxito en las urnas tenga que ver más con una dinámica estatal y que los populares valencianos todavía deban purgar los pecados de su gestión.
Sea como fuere, con ese panorama, entre los cargos del PP se ha extendido un único mensaje: el 26-J abre la batalla para recuperar la Generalitat y los municipios. Lo dijo Isabel Bonig durante la reunión de la Junta Directiva Regional, sugiriendo, incluso, la posibilidad de un adelanto electoral. Continuó con esa cantinela José Císcar en la convocatoria de la cúpula provincial aunque más cargado de bombo: citando el objetivo de recuperar los votos fugados a Ciudadanos. Y lo remató, de nuevo, la propia Bonig con unas declaraciones en las que asegura verse cada vez más cerca de la Generalitat, evidencia de que este último resultado electoral ya la refrenda como líder del PP, un mandato que el próximo congreso regional del partido se limitará a aclamar.
La herida del 26-J -comicios en los que el PSPV volvió a ser la tercera fuerza en la Comunidad- ha abierto un debate político en las filas socialistas: seguir como hasta ahora o, como proponen cargos socialistas de Alicante, marcar distancias con Compromís para intentar neutralizar a Mónica Oltra. Una operación que, plantean, conllevaría reforzar la estructura del PSPV con una ejecutiva «limpia» de cargos institucionales, incluyendo, la salida del propio Ximo Puig de los cargos de dirección, algo que los afines al presidente rechazan. Un dilema que, además, se acentuará con la remodelación que se avecina en el Consell en el supuesto de que, como parece, Podemos solicite sumarse a la gestión del gobierno valenciano.
Una de las opciones que hay encima de la mesa es la de ampliar el número de carteras. Tener que sacar a un conseller socialista y a otro de Compromís para acomodar a Podemos rompería los complicados equilibrios internos de ambas formaciones. Y por eso la opción de hacer más grande el gobierno, pese a ser una medida impopular y de difícil justificación, está sobre el tapete. Una salida que además dejaría en minoría a los socialistas y avivaría la guerra en el PSPV. Pero a Podemos no le queda otra alternativa. Superadas las elecciones generales, necesita ofrecer la imagen de que es un partido capaz de poder gestionar el «día a día» más allá de la protesta y evitar que Compromís -decidido a día de hoy a presentarse en solitario dentro de tres años y dispuesto a rentabilizar sus cuatro diputados en Madrid como una minoría valenciana para continuar creciendo- lo acabe fagocitando al impulso del protagonismo de Mónica Oltra. O sea, a Podemos no le queda otra que entrar en campaña para tratar de aguantar en 2019.
Pero la izquierda ha sacado otra lección de estos comicios generales del 26-J: dos y dos, en la política, no suman necesariamente cuatro. Unir a EU a la coalición con Compromís y Podemos no ha supuesto un crecimiento. Visto que a través de una alianza electoral no se ha logrado, los votos de EU tienen que contar en 2019 y la única fórmula es cambiando la ley electoral autonómica, como estaba en el programa de todas las fuerzas de izquierda. A partir de septiembre, ese trámite se va a a acelerar para rebajar el listón electoral al 3%, un porcentaje de votos que EU podría franquear sin excesivos problemas y volver a tener presencia en el parlamento, c0n un grupo que, quién sabe, podría acabar siendo decisivo.
Y dos detalles clave: Ciudadanos -ya buscando un liderazgo electoral que ahora no tienen para esos comicios de dentro de tres años- respaldaría esa bajada del listón para asegurarse así también la representación parlamentaria. A la vez que el PP, con menos de un tercio de los diputados -un total de 31- en el hemiciclo autonómico, se quedó sin capacidad de veto para el cambio de esa norma fundamental para una campaña electoral que tiene tres años por delante. Larga. Eterna. Pero que ya ha empezado. Y todo ello, ojo, contando que antes de 2019 no haya que volver a votar en otras generales.
