La comisión de las Corts que debate la reforma del estatuto de expresidentes de la Generalitat, una iniciativa de Podemos, ha acordado que una condena en firme suponga su revocación como expresidente y su distinción de Molt Honorable, incluida la pertenencia al Consell Jurídic Consultiu, del que forma parte en la actualidad el expresidente Francisco Camps.

Dos los cinco expresidentes de la Generalitat, José Luis Olivas y el propio Camps, están siendo investigados por los jueces por su actuación en los casos Bankia y Fórmula 1 respectivamente, una situación que podría afectar en su caso a un tercero, Alberto Fabra, por el caso Valmor. Fabra es senador por designación territorial para los próximos tres años. Mientras, los otros dos, Eduardo Zaplana y Joan Lerma, nunca han hecho uso de las prerrogativas que les concede su paso por la presidencia de la Generalitat.

Las Corts también han acordado que los expresidentes tengan que dar cuenta de su actividad en la Cámara una vez al año

Con todo, el hecho de que los expresidentes sean miembros natos del Consell Jurídic Consultiu con derecho a sueldo, ha enfrentado a PSPV con sus socios de gobierno, Compromís y Podemos. Estos dos grupos y Ciudadanos se han mostrado a favor de suprimir esta prerrogativa, pero se han encontrado con el voto en contra de PP y PSPV. También se mantiene la opción que se da a los vicepresidentes de tener a su cargo dos empleados, aunque uno de ellos deberá ser funcionario. El uso del vehículo oficial, al que también tienen derecho, se deja exclusivamente a su actividad de exjefe del Consell.

El síndic del PSPV, Manolo Mata, defendió que el Consell Jurídic es útil y necesario, según ha recogido la agencia Efe, «porque si no lo tuviésemos deberíamos acudir al Consejo de Estado. Además, los expresidents están con voz pero sin voto». «Lerma nunca ha usado nada a lo que tendría derecho, Zaplana tampoco, Olivas ya tiene bastante con sus procesos judiciales», ha detallado Mata, quien ha explicado que el president Puig tiene buena relación con Eduardo Zaplana, al que telefonea al menos una vez a la semana.

Para la portavoz de Compromís en la comisión, Mireia Mollà, supone una lástima que los grupos mayoritarios no hayan considerado la posibilidad de eliminar a los expresidents como miembros natos del CJC. «Camps no ha podido hacer más para empeorar la imagen del CJC. Que se le reserve ese espacio no hace más que ahondar en el descrédito que tienen determinados órganos estatutarios», señala.

El portavoz de Ciudadanos Toni Subiela ha defendido la necesidad de que los expresidents sólo deberían disponer de oficina y coche cuando ejerzan la labor propia de su cargo.

Fabiola Meco (Podemos) ha criticado que los expresidents dispongan de medios estables y permanentes, así como su pertenencia al CJC, aunque ha defendido la relevancia de este órgano y su necesidad en el marco del autogobierno. Meco defiende un salario de transición, de no más de seis meses.