Pasando del juez. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que en la causa abierta por posibles anomalías en la tramitación del macroplan urbanístico Rabasa se ejercen en nombre del EU y del PSOE, van a presentar directamente ante la Audiencia los recursos que están preparando contra el archivo de esta investigación que el magistrado César Martínez acordó el pasado jueves.
El instructor, el tercero que ha visto este procedimiento después de que una denuncia de EU permitiera salvar el primer archivo que sufrió este proceso, decidió poner punto y final a la instrucción en un auto en el que defendía el derecho del empresario Enrique Ortiz a impulsar el desarrollo del plan y mantenía que los técnicos no incurrieron en decisión arbitraria alguna. En el proceso se investigaba si el promotor maniobró para obtener de la Administración un trato de favor para su proyecto en esta zona de la ciudad de Alicante donde que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados junto a un futuro centro de la multinacional sueca Ikea.
«Aunque alguna de las conductas enjuiciadas sea impropia de figurar entre las prácticas institucionales de un Estado de Derecho, no puede forzarse el principio de legalidad para sancionarla como delito, pues constituye un principio aún más determinante del Estado Derecho el escrupuloso respeto de los límites punitivos establecidos por el legislador», mantenía Martínez al tiempo que exculpaba de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho además de Ortiz, y entre otros, a la exalcaldesa Sonia Castedo.
Contra la decisión del magistrado cabe interponer recurso de reforma, que él mismo tendría que resolver, y , después o directamente, de apelación ante la Audiencia.
Éste es el camino que han elegido tanto el fiscal Felipe Briones como los letrados de las acusaciones populares (José Luis Romero por EU y José Díaz por el PSOE), quienes ya están trabajando en el recurso con el que buscan que la Audiencia reabra una investigación que mantienen que se ha cerrado sin tan siquiera acabar con diligencias que se encontraban pendientes. Entre ellas, la petición para que declarara la cúpula de Ikea o la solicitud para que se imputara a un técnico del Ministerio de Fomento.
