Dos nuevos sobreseimientos acaba de acordar el magistrado Manrique Tejada en el proceso que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante. Se trata de Santiago Bernáldez y Pablo Rico, dos personas próximas al empresario Enrique Ortiz (encausado en este procedimiento junto a los exregidores Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros) que se incorporaron como investigados a la causa tras haber participado presuntamente en la entrega al exalcalde de casi 400.000 euros entrega al exalcalde de casi 400.000 euros en el otoño de 2008.
El informe policial acerca de varias extracciones bancarias efectuadas por personas del entorno de Ortiz concluyó que el exregidor consumó un delito de cohecho al recibir grandes cantidades de dinero procedentes de cuentas ligadas al empresario, que habrían ido destinadas a sufragar las viviendas de la urbanización de la zona del Golf promovida por Ortiz donde residen las hijas de Alperilas hijas de Alperi. El informe aportaba documentación bancaria solicitada a las entidades financieras en las que estaban abiertas las cuentas así como en el análisis pormenorizado de conversaciones en las que se habla de extracciones y entregas de «bocadillos», en alusión al dinero.
Los investigadores hablaban de tres inmuebles en la zona Golf de Alicante que estaban a nombre de Viviendas del Mediterráneo y que fueron adquiridos en octubre de 2006 por Jacobriz S.L., socio de Ortiz en esa operación. Dos de las viviendas fueron vendidas en septiembre de 2008 y diciembre de 2010 a Elisa y Edna Díaz, ambas hijas del exregidor. La primera por 179.000 euros y la segunda por 220.000 euros. Una tercera fue adquirida por Jacobriz sin que figure que cambiara de manos. El hijo de Alperi, Otto Díaz, residía en ese bungalow en la misma urbanización junto a su entonces mujer en régimen de alquiler.
Según la Policía, Ortiz compensó los gastos generados por la hipoteca de las viviendas de las dos hijas de Alperi haciéndole llegar al exalcalde el importe adelantado por ambas. En las entregas de dinero al político del PP también aparece en el informe que intervinieron un hermano y la mujer de Ortiz, sobre quienes el instructor aún no ha decidido si continuarán o no en la causa.
Los investigadores llamaban la atención sobre el hecho de que se procediera a la apertura de la cuenta de la que se sacó el dinero el mismo día en que se realizó la extracción y que se cancelara a los tres meses sin que registrara ningún movimiento, «lo que evidencia que fue abierta para esta operación».
Sin entran a valorar el resultado de la investigación, el magistrado se centra directamente en la posible prescripción de los hechos. Explica en este punto que las entregas se produjeron el octubre de 2008, que por la posible cooperación en el delito de cohecho que él entiende que se pudo cometer ni Bernáldez ni Rico podrían ser condenados a más de cuatro años de prisión y que, en este caso, se fija la prescripción de cinco años, es decir, que los hechos llevarían prescritos desde octubre de 2013.
La decisión del instructor, contra la que cabe recurso tanto ante el propio magistrado como en apelación a la Audiencia, viene a sumar otros dos archivos a los más de la docena acordados desde que concluyó la instrucción. En estos momentos en la causa continúan como investigados, además de los dos exregidores y Ortiz, el responsable del equipo redactor del PGOU, Jesús Quesada, los dos socios del bufete de abogados Salvetti y el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, además de la mujer y un hermano del promotor antes citados.
