Al final habrá un recorte mínimo de 78 millones -no llega ni a medio punto del total del presupuesto del Consell- para contentar al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que la Generalitat pueda acceder a los 2.500 millones que le corresponden del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para sortear así los impagos a proveedores. El pleno del Consell, en su reunión de ayer, aprobó ese acuerdo de no disponibilidad que, en cualquier caso, es mucho más limitado de los 170 millones de euros que reclamaba Montoro e, incluso, todavía menos de los 900 de recorte que estaban encima de la mesa tras aflojar el tope de déficit autorizado y dejarlo en el 0,7% del PIB. Ahora la Generalitat tendrá que ultimar el documento con todas las medidas de su plan de ajuste para poder facilitar el acceso al rescate. Sin reforma de la financiación autonómica que acabe con el expolio de 1.300 millones que anualmente sufre la Comunidad en el reparto de los fondos del Estado, el acceso a los préstamos del FLA es lo único que mantiene con respiración asistida la tesorería autonómica.

En este recorte presupuestario, el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra ha decidido blindar todos los capítulos dedicados al gasto social y sacará los 78 millones de partidas que a lo largo de los últimos años se vienen quedando disponibles al cierre del ejercicio por dificultades con la ejecución del gasto. Los otros 92 millones hasta llegar a los 170 exigidos por Montoro se entregarán a Madrid mediante retenciones de crédito de partidas que tampoco se vienen ejecutando. El Consell, además, como explicaron fuentes de Hacienda, tendrá el control sobre las áreas en las que se meterá la tijera y podrá cambiarlas en función de la evolución de los presupuestos. Una medida que le concede cierta autonomía al Ejecutivo valenciano para manejar sus propias prioridades en el momento de tener que ajustarse.

A partir de ahora, la conselleria de Hacienda ultimará en los próximos días el plan de ajuste para su remisión al Ministerio, que debe dar el visto bueno. Eso abre la puerta para desbloquear la transferencia del Fondo de Liquidez Autonómico, que para este ejercicio, con el 0,7% de déficit autorizado, asciende a 740 millones de euros, así como a la solicitud de un FLA extraordinario para cubrir la desviación del déficit de 2015, en torno a 1.800 millones de euros. Los recursos liberados se destinarán a saldar las facturas pendientes con proveedores. En una entrevista concedida a este periódico, el conseller Vicent Soler ya advirtió de que el bloqueo del Fondo de Liquidez, a falta de aportaciones de un sistema de financiación injusto con la Comunidad, conducía directamente a un escenario de impagos que, sin embargo, ahora parece que podría acabar despejándose.

El departamento más afectado por este acuerdo de no disponibilidad es Presidencia, con un impacto del 4,17% en relación al su presupuesto para 2016, mientras que las consellerias donde se registra un menor impacto presupuestario son Sanidad y Educación, con el 0,19% y el 0,36%, respectivamente. A éstas les siguen Hacienda (0,67%), debido al departamento de nuevas tecnologías, área considerada prioritaria para la modernización del conjunto de la administración valenciana.