Un recorte de 170 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat de 2016 a cambio de un rescate financiero por valor de 2.500 millones. A grandes rasgos este es el dilema al que se enfrenta el Consell de Ximo Puig y que sin más remedio aboca al bipartito a coger la tijera y empezar a recortar el primer presupuesto de la nueva etapa en la Generalitat.
El ministerio de Hacienda, Cristobal Montoro, dejó meridianamente claro el pasado viernes al presidente Puig y su Gobierno que se encuentra en un callejón sin salida: o recorta gasto o se ahoga en deudas e impagos. Que la amenaza iba en serio ya fue evidente para el conseller Soler y su equipo unos días antes tras la videoconferencia que el ministerio y la conselleria celebraron una tarde para discutir acerca del tijeretazo. El interlocutor no era Montoro, sino su mano derecha, el secretario de Estado, Antonio Beteta, quien reconoció ante Soler la injusticia de lo que solicitaba (admitió la infrafinanciación), pero se mantuvo en sus trece. El conseller se encomendó a los técnicos para hacer el «milagro». Un comentario con el que terminó la videoconferencia y que se ha demostrado revelador.
La Generalitat lleva retenido desde enero el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ordinario, aquel que mensualmente transfiere el ministerio para cubrir el déficit autorizado para cada año. En principio, este ejercicio era del 0,3%, aunque se ha ampliado al 0,7%, por lo que la Generalitat debería recibir 700 millones a lo largo de 2016.
De momento, no ha visto un euro porque el plan de ajuste que envió a Madrid para que le autorizara la transferencia del rescate fue rechazado por el ministerio. Y junto al ordinario, Montoro ha advertido de que el nuevo FLA para cubrir el exceso de déficit en 2015 (1,8 millones en el caso de la Generalitat) no llegará a la Comunitat Valenciana a no ser que el Consell se comprometa con un recorte que como máximo se ha pactado en 170 millones de euros. De momento, y ya por carta, el Consell se ha comprometido a declarar la inejecución de varias partidas presupuestarias por valor de 78 millones. Sin embargo, el compromiso es aumentar este ajuste a un máximo de 170 millones.
Pero la Generalitat se encuentra en una situación límite y no tiene mucho margen. Las arcas autonómicas ya se están sintiendo la retención de los fondos, de tal manera que, o llega el dinero; o los impagos empezarán a generalizarse. Se trata de una auténtico círculo vicioso ya que el ministerio ya ha puesto en situación de alerta a la Comunitat por incumplir la ley de morosidad y tardar más de 60 días en pagar a los proveedores. El siguiente paso será retenerle fondos para pagar directamente a los empresas, es decir, apretar más la soga de unas cuentas públicas ya de por sí muy encorsetadas. Más del 80% del gasto está comprometido en sanidad y educación. Son servicios básicos donde no se puede recortar a no ser sin cerrar hospitales o escuelas.
Así, el ajuste hay que buscarlo en otros sitios y el ministerio ya ha apuntado al departamento que dirige Vicent Soler donde debe meter la tijera. El grado de control de Madrid sobre las cuentas es tal que los técnicos del ministerio tienen idenfificado donde se puede aplicar el hachazo. En principo, partidas que se presupuestan (subvenciones, inversiones) pero que año tras año no se utilizan. Esa es la revisión en la que están trabajando responsables y técnicos de la conselleria en busca del «milagro».
La otra vía, la anunciada por la vicepresidenta, Mónica Oltra, es más controvertida. Pactar un aplazamiento del pago a proveedores poderosos como Iberdrola puede dar margen a la tesorería, pero no soluciona el problema.
Este hipotético aplazamiento no computaría a efectos de déficit, con lo que no vale para Bruselas y por tampoco para Montoro.
