El ministro en funciones de Asuntos Exteriores y, con casi toda probabilidad, cabeza de lista de nuevo del PP por Alicante, José Manuel García-Margallo, entró ayer de lleno en la batalla contra el Consell de Ximo Puig por el control de las diputaciones escenificando con una visita a la ciudad en plena precampaña electoral su apoyo al presidente de la institución provincial, César Sánchez, con quien se reunió en el Palacio Provincial para respaldar la batalla legal por el decreto turístico. A la reunión acudió también el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner. El aval de Margallo a Sánchez dotó al presidente de la Diputación de Alicante de una puesta en escena de escuadrón. En su comparecencia pública, Sánchez estuvo en todo momento flanqueado, de un lado, por el ministro y cabeza de lista por el PP de Alicante y, de otro, por el presidente de la Diputación de Castellón, a los que se sumaron, a un lado de la sala, los representantes del gobierno provincial y otros cargos del PP, como el secretario de organización de los populares, Rafael Candela.
García-Margallo indicó que los recursos contra los decretos de coordinación turística y deportiva del Consell, presentados primero por la Diputación de Alicante y anunciados, porteriormente, por el Gobierno central, han sido el arma para salir en defensa de las competencias y financiación de la Diputación de Alicante por estar «amenazadas». Subrayó que estos recursos no tienen una motivación electoral, sino tiempos y plazos judiciales que han coincidido con lo momentos previos a las elecciones. Aunque, en todo caso, por el momento, se han convertido ya en ejes de la campaña para el 26-J. El ministro en funciones de Asuntos Exteriores está abanderando la cuestión de los recursos judiciales ante el TSJ de la Comunidad pese a que sus competencias no tienen nada que ver al respecto. Por eso, quiso dejar claro en este sentido que es diputado por la provincia de Alicante «como miembro de la Diputación permanente», justificando así su salida a la palestra para defender a Sánchez, si hiciera falta, con un recurso de inconstitucionalidad contra los decretos del Consell.
El dirigente popular se ha posicionado en los últimos días como pieza de respaldo del gobierno central a la Diputación de Alicante contra un bipartito autonómico que busca reducir el poder de los dos bastiones institucionales que le quedan al PP en la Comunidad Valenciana. «Mi deber es salir en defensa de las competencias y financiación amenazadas por el gobierno valenciano y ponerme de lado de las diputaciones», señaló. Respecto al recorrido jurídico de los recursos presentados ante el TSJ, así como de un posible recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra los decretos del Consell que desarrollan una ley que, como publicó este diario, ya fue avalada por el Constitucional hace casi 30 años, señaló que si no creyera en ellos no los hubiera presentado «porque no me gusta ni perder al parchís». No obstante, matizó que será el TSJ el que deberá determinar si los decretos del Consell son «coherentes y desarrollan la ley o la exceden» y avanzó que ha dado «instrucciones» al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que se estudie el recurso de inconstitucionalidad «en el supuesto de que los recursos de las diputaciones de Alicante y Castellón contra estos decretos no fuesen suficientes».
Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, acusó a su homólogo en la Generalitat, el socialista Ximo Puig, de «abrir brechas» y dijo que ambos tienen formas «distintas» de entender España y la Comunidad Valenciana al tiempo que, además, defendió el trabajo «leal» entre las distintas administraciones «con independencia de quién ostente la responsabilidad de gobernar y de qué partido sea».
