La batalla entre la Diputación y el Consell con la «sorpresa» de la intervención del Gobierno de Madrid a cuenta del decreto sobre el control de las competencias turísticas, al final, es algo más que un nuevo pulso entre el PP y el PSOE. Es una pugna política pero, en este caso, con la principal industria de la Comunidad Valenciana -el 12% del PIB- como arma arrojadiza entre un bando y otro. Muy peligroso. Los socialistas intentan restar todo el poder posible a la única gran institución en la que los populares aún conservan mando en plaza. Y ahora los de Mariano Rajoy responden con un cañonazo todavía mayor: un recurso judicial en el TSJ que puede acabar en el Tribunal Constitucional. Artillería gruesa. Nada menos que del mismo calibre que, por ejemplo, el Gobierno de Madrid utiliza para hacer frente al desafío independentista en Cataluña. Casi nada. En el PP preocupa notablemente el rumbo que está tomando la Comunidad y, especialmente, la influencia electoral e institucional creciente de Compromís, socio de los socialistas en el Consell y en más de un centenar de gobiernos locales. Pero con recursos ante el Constitucional, a lo menor el PP consigue, como en Cataluña, el efecto contrario: reforzar y cargar de razones a los que quiere debilitar. En las últimas citas electorales, los ciudadanos han puesto sobre la mesa la obligación de dialogar. Y ese debería ser el final de este conflicto: la negociación y el diálogo.
