El tira y afloja entre la Diputación de Alicante y el gobierno autonómico por el decreto del Consell que recorta competencias a la Diputación Provincial en materia turística se ha convertido en una batalla campal entre el Gobierno central y el autonómico, presidido por Ximo Puig. El presidente de la Generalitat abrió ayer la brecha con Madrid y cuestionó la legalidad del recurso contencioso-administrativo presentado por la Abogacía del Estado contra el decreto turístico del Consell y que fue anunciado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, sobre quien se despachó diciendo: «quién es Margallo para anunciar recursos contra los decretos formulados por el Consell».
Al respecto, explicó que los técnicos de la Generalitat trabajarán para estudiar la legalidad de un recurso que se formula contra un decreto que sirve para aplicar una ley de 1983.
Afirmó que no le consta que el recurso del Gobierno central en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad se haya presentado y dijo que si así fuera «se ha hecho en la clandestinidad porque ningún Consejo de Ministros lo ha anunciado». «No creo que el departamento de Margallo sea el competente en esta cuestión», añadió, al tiempo que dudó de un posible recurso ante el Constitucional, también anunciado por el titular de Exteriores, «porque el alto tribunal se pronunció al respecto».
Con estas palabras evidenció Ximo Puig en la Casa de las Brujas de Alicante -sede alicantina de Presidencia de la Generalitat- que la guerra entre el Consell y la Moncloa está más abierta que un melón. El capote de Madrid a la Diputación de Alicante con los recursos en su lucha para que el drecreto autonómico no tenga validez ha desatado una guerra con pocos precedentes en la Comunidad Valenciana y sitúa al gobierno de Rajoy en un campo de batalla en el que se está sacando toda la artillería.
El recurso contencioso y más aún el recurso de inconstitucionalidad son acciones legales excepcionales que ha puesto en marcha el ejecutivo dse Madrid, principalmente, en Cataluña -se presentaron contra el proceso soberanista- y el País Vasco.
Para Ximo Puig, el decreto turístico que recorta las competencias de la Diputación en materia turística y deportiva «no es más que hacer cumplir una ley que no se estaba cumpliendo» y tratar de «coordinar lo que son materias competenciales de la Generalitat para mejorar el gasto, la inversión y, en definitiva, las acciones de la política para que los despropósitos del pasado no vuelvan a ocurrir», en una clara alusión al despilfarro que han evidenciado los gobiernos anteriores.
En este sentido, se refirió específicamente, una vez concluyó su comparecencia ante los medios, a los traslados «masivos» en viajes pagados con el dinero público de las diputaciones, un asunto que, además, llevó al pleno de la Diputación de Alicante el grupo Compromís -su socio de Gobierno- la semana pasada, que intentó con una moción limitar a tres el número de diputados en los viajes fuera de la provincia, y que el PP y el representante de Ciudadanos tumbaron con su voto en contra.
Ximo Puig se quejó de que se hayan dicho «muchas mentiras» en torno al decreto de coordinación de turismo así como otras cosas «que no se han planteado en ningún momento como el cambio de marca», refiriéndose al Patronato de Turismo Costa Blanca, órgano dependiente de la Diputación de Alicante que coordina la promoción de la provincia de Alicante y que es la diana del decreto del Consell.
Según opinó, la batalla legal en la que se han inmiscuido Diputación y Gobierno central «trata de tapar las vergüenzas de una gestión corrupta, de intentar buscar un espacio de confrontación y que alguno piensa que partidariamente le puede ser beneficioso».
El lío generado con el decreto del Consell para coordinar las políticas en materia turística y deportiva se gestó el pasado mes de febrero, cuando el jefe del Consell, Ximo Puig, anunció en las Cortes la aprobación de este documento, lo que enconó los ánimos en la Diputación y su presidente, César Sánchez, arremetió contra esta idea. Después de retrasar el ejecutivo de Puig su aprobación y al no haber acuerdo con la Diputacion -ni la de Alicante, ni la de Castellón, en la misma tesitura- finalmente el decreto se aprobó en marzo, dando luz verde a la aplicación de una normativa del gobierno socialista de Joan Lerma.
Ximo Puig visitó ayer Alicante para asistir a la comisión interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la UE. Tras el acto, ofreció una rueda de prensa donde valoró estas cuestiones.
Y la reacción del Partido Popular autonómico (PPCV) no se hizo esperar. La vicesecretaria general del PP en la Comunidad, Elena Bastidas, defendió la interposición por parte del Gobierno del recurso contra los decretos del Consell y aseguró que el presidente de la Generalitat y la vicepresidenta, Mónica Oltra, «sólo quieren controlar e imponer sus políticas, desterrando de su acción de gobierno cualquier atisbo de diálogo y participación».
Elena Bastidas señaló que ambos «buscan intervenir las corporaciones provinciales por estar gobernadas por un partido de distinto signo político» y tiró de números. Especificó que si 2015 se cerró con récord histórico de turistas internacionales en la Comunidad -6,5 millones, un 4,3% más que el año anterior- y los números del primer trimestre de 2016 superan la media nacional, «es también por el trabajo de las diputaciones».
