El marco jurídico que regulará la futura radio y televisión pública valenciana empieza a tomar forma. La comisión de Radiotelevisión y del espacio Audiovisual de las Cortes tiene previsto aprobar hoy la propuesta de texto normativo que servirá de base para la futura ley de RTVV.

Es el inicio de la cuenta atrás de un proceso que durará unos seis meses y que debería culminar con la recuperación de las emisiones regulares desde Burjassot en torno a la fecha del tercer aniversario del cierre de RTVV, el 29 de noviembre.

Cuando hoy se apruebe el borrador de 68 páginas fruto de las cinco reuniones que ha celebrado la ponencia se pondrá en marcha el trámite legislativo de urgencia y que busca acortar los plazos a la mitad, ya que la recuperación del servicio público es uno de los objetivos declarados del Consell que sustentan PSPV y Compromís con apoyo de Podemos en las Cortes.

Está previsto que la ley se apruebe a finales de junio o principios de julio. Será entonces cuando se elija al consejo rector que dirigirá el ente y se convocará un concurso público para nombrar al director general, que se someterá al examen de las Cortes. La fecha del Nou d'Octubre está descartada para la posible reapertura ya que no hay tiempo material, pese a la tramitación de urgencia.

Los partidos de izquierda creen que se trata de una buena ley, aunque, de momento, no habrá unanimidad ya que es seguro que este lunes ni el PP ni Ciudadanos darán su voto a favor. El PP ya votó en contra de la ponencia y C's se abstuvo. El borrador incluye derechos de los extrabajadores que accedieron por oposición, lo que genera dudas entre los partidos de la oposición.

Con todo, el borrador dibuja ya cómo será la futura Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que estará adscrita orgánicamente a Presidencia de la Generalitat pero actuará con plena autonomía e independencia.

El documento incluye, además, numerosos frenos para evitar que en el futuro pueda repetirse una situación similar a la que ocurrió en los gobiernos del PP cuando el ente público alcanzó una deuda que esta semana los liquidadores cifraban en 2.100 millones.

Uno de esos frenos es que los miembros del Consejo Rector cesarán en caso de que la liquidación del presupuesto anual recoja un déficit igual o superior al 10 % de la compensación que otorgue el Consell para la prestación del servicio. También abandonarán su cargo si se produce una disminución de más del 25 % de los ingresos propios previstos en el presupuesto anual, salvo causa justificada y previo informe de la Sindicatura de Comptes. La nueva corporación sólo podrá recurrir al endeudamiento para la financiación de inversiones en inmovilizado material e inmaterial y para atender desfases temporales de tesorería.

Los límites de endeudamiento para cada ejercicio quedarán fijados en el Contrato Programa y se constituirá un fondo de reserva para compensar futuras pérdidas.